Sr. Director:
No cesa en España el persistente acoso a la enseñanza concertada desde las instituciones públicas y es promovida por algunos partidos. La Generalitat de Cataluña anunció hace unos días que a partir del curso 2022-2023 retira los conciertos a las escuelas de educación diferenciada. El argumento es que no puede haber ninguna escuela con financiación pública que “segregue” en clases distintas a niños y niñas. Lo decidido por el Gobierno catalán va en la misma línea de la actuación de varias autonomías.
Ya se verá cómo acabará aquella decisión gubernamental, por cuanto intentos anteriores fueron recurridos ante los tribunales y anulados. Los jueces consideraron que era perfectamente constitucional la enseñanza diferenciada y los centros que la imparten tienen los mismos derechos que los demás a recibir el apoyo público a través de los conciertos. En la actualidad, vigente a nivel estatal la Ley Celaá, claramente hostil a la escuela concertada y negadora del respeto al derecho de los padres a elegir, da más margen para atacar aquel modelo pedagógico.
