Sr. Director:
Con siete votos de los magistrados llamados “progresistas” frente a cuatro, el Tribunal Constitucional decidía conceder el amparo al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que había sido condenado por el Tribunal Supremo por un atentado contra la autoridad, al patear a un policía en una concentración celebrada en Las Palmas en 2014. La sentencia sienta un peligroso precedente al convertir, de hecho, al Tribunal Constitucional, no en el tribunal encargado de considerar si se ha vulnerado un derecho fundamental sino en una instancia de casación que corrige al Tribunal Supremo, dado que reconstruye de forma improcedente la demanda de amparo. La mayoría progresista del Constitucional considera que la inhabilitación fue desproporcionada, y ahora sustituye aquella pena por otra.
