Sr. Director:
La presión a la que el Gobierno está sometiendo al presidente y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que elijan sin unanimidad a dos candidatos al Tribunal Constitucional no es un dato aislado. Es un indicador de esa nefasta pretensión de que la justicia se pliegue a los intereses del Ejecutivo.
El Gobierno de Sánchez lleva demasiado tiempo tomando decisiones sobre el poder judicial, como la reforma exprés del pasado mes marzo. Ahora acaricia la posibilidad de condicionar al Constitucional ante una serie de próximas sentencias que podrían cuestionar algunas de sus políticas estrella.
