Los sindicatos señalan que la SEPI ha dado marcha atrás al proyecto de segregación de las actividades civiles y militares, siguiendo el mandato del Parlamento que insta al Ejecutivo a no segregar y recurrir las sanciones. La SEPI lo niega y Solbes hace ejercicio de cintura.
Insiste en el discurso ya tradicional del Gobiern "Haremos todo lo posible para salvar el máximo de actividad de los astilleros españoles dentro de la legalidad comunitaria". O sea, que no ha respondido. Sí ha informado, sin embargo, que Bruselas va a ser generosa con el plazo, porque -insiste en el discurso oficial- en el momento en que las sanciones se comuniquen, la compañía entraría en situación de quiebra técnica. En resumen, todo apunta a que el Gobierno no va a recurrir las sanciones, tal y como informaba De la Vega a Hispanidad.com tras el pasado Consejo de Ministros.
