Al parecer, los tres magistrados que forman el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, por las indemnizaciones recibidas por los dos últimas al abandonar el primer banco del país, no se ponen de acuerdo. De otra forma, no se entiende que a las 9 de la mañana del viernes 1 de abril se citara a los procuradores para entregarles la sentencia y en la noche del jueves 31 se les llamara apresuradamente para reconocer que existían unos flecos y que había que posponer la sentencia, una sentencia que se esperaba para antes de Semana Santa.
Desde luego, una sentencia absolutoria pero con sanción moral -o lo que es peor, un voto particular- no resultaría muy edificante para los encausados y, especialmente, para el que continúa en activo, Emilio Botín.
Son hipótesis y como tal las planteamos. Pero, puestos a suponer, hay que pensar en que es doña Raimunda de Peñafort quien discrepa de sus dos compañeros, el presidente del Tribunal, Antonio Díaz Delgado, y el juez ponente, Luis Antonio Martínez de Salinas.
El juicio por las indemnizaciones de José María Amusátegui (44 millones de euros más pensión vitalicia en SCH y Fenosa) y Ángel Corcóstegui (110 millones de euros de una tacada) va a sentar jurisprudencia sobre las posibilidades de un Consejo de Administración para aplicar cualquier blindaje o indemnización, así como para aclarar el derecho de los accionistas a reclamar a los consejeros qué se hace con su dinero. Y quizás, sólo quizás, también hablará del sistema de toma de decisión en las grandes corporaciones.
