Algunos políticos se creen en la obligación de regular las conciencias de los ciudadanos. Deben pensar que la conciencia no es algo íntimo de la persona sino que de alguna manera es patrimonio de la casta política que dirige el Estado.
Especialmente cuando la conciencia pueda suponer un freno a sus pretensiones de ingeniería social: Obstruccionismo; así lo llamaba José Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad, en un reportaje de El País publicado el 15 agosto.
Así lo ha puesto de manifiesto también la coalición extremista ERC, IU e ICV cuando hace un par de semanas presentaron en el Congreso una proposición no de ley , con la que solicitaban que se desarrollase una normativa que regulase la objeción de conciencia médica.
La pregunta es ¿por qué es tan importante que el Estado se meta en la conciencia de los agentes sanitarios y no en la de otros agentes sociales? La respuesta es fácil, se debe a que la clase política es consciente de qué está dictando leyes contrarias a la deontología médica que atentan contra la conciencia profesional de los médicos, de los farmacéuticos, enfermeros y demás profesionales relacionados con el ámbito sanitario.
A esta coalición de Cataluña no le basta con la restricción de la libertad de conciencia que sus socios parlamentarios del PSOE han acometido con la ley de aborto, cuyo reconocimiento, en contra del art. 16 de la CE y la jurisprudencia del TC, sólo será efectivo para lo que ellos consideran que es un profesional directamente implicado. Niegan un derecho constitucional a otros profesionales que también están directamente implicados en las distintas fases del proceso que conduce a la muerte voluntaria de un ser humano a los que tratan de obligar a asumir el papel de cooperadores necesarios. Así lo afirmaba en el citado reportaje de El País el Secretario General de Sanidad.
Por si no fuera poca la restricción de la libertad de conciencia, estos políticos deben creerse que el celador que conduce a una mujer a quirófano para que su hijo le sea arrancado de sus entrañas, o la enfermera que hace el preoperatorio, el administrativo que hace los trámites, el ginecólogo que hace la ecografía, la orden ingreso y informe el alta, el médico de familia que entrega el sobre etc., son ejecutores autómatas sin ciencia ni conciencia. Además, en contra de los establecido en el artículo 16.2 de la CE que impide que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus convicciones personales, se les exige que lo manifiesten anticipadamente y por escrito como requisito previo para ejercer lo que es un derecho fundamental: el de objetar.
El Estado no es dueño la conciencia de los ciudadanos, su obligación no es la de regular conciencias sino velar porque se respeten los derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la libertad de conciencia. No es necesario regular la conciencia del médico, lo que necesitamos, y cada vez más, es regular la conciencia de los políticos para que no puedan dictar leyes contrarias a la deontología profesional y a la Constitución. Políticos y legisladores con ciencia y conciencia es lo que necesitamos los españoles.
La conciencia profesional del médico ya está autoregulada por los profesionales en un código deontológico de obligado cumplimiento, que establece lo que un médico debe y no debe hacer . Cuando se pretende obligar a los médicos a cooperar en cuestiones ideológicas contrarias a la deontología se divide a los médicos en dos bandos: los que traicionan la vocación y la obligación deontológica y los que se mantienen fieles.
Son los políticos los que deberían actuar conforme a una ética y una deontología política que al igual que la médica se asentase en criterios científicos, no en creencias o ideologias. Si un Estado democrático renuncia a defender los derechos fundamentales y, más aún, si los partidos en el gobierno utilizan el poder del Estado para violar los derechos fundamentales, los ciudadanos ya no necesitamos el Estado sino que debemos defendernos de su tiránica opresión con los medios legales a nuestro alcance aun a riesgo de que nos conviertan en la tercera víctima inocente de esta antideontológica ley abortista.
El problema se solventaría asumiendo que no son los médicos los que deben ejecutar al ser humano acusado de perjudicar los intereses de sus progenitores. La solución, por tanto, no pasa por poner un interruptor a la conciencia y decirles a los médicos qué puede atentar contra su conciencia profesional y qué no, en un paternalismo político intolerable.
Si el Estado persevera en la intención de ejecutar abortos, debe crear un cuerpo de técnicos abortistas, al margen de la medicina y dependientes del ministerio de la igualdad y con intervención del de Justicia. Un cuerpo técnico encargado de satisfacer la demanda de un sector social que quiere tener el poder para decidir matar a los hijos antes de nacer cuando sean "indeseables" por no haber sido planificados o por presentar algún tipo de anomalía, discapacidad o enfermedad.
Si algunos colectivos presumen de ser maduras para abortar los sanitarios tenemos también la certeza de ser maduros para objetar y estar capacitados para hacerlo dentro del planteamiento científico. La legislación de la moral y de la ética por parte de los políticos estamos en nuestro deber de ponerlas en duda y de afirmar que están sirviendo para corromper la esencia de la profesión médica y pervirtiendo en papel social del agente sanitario que, como cualquier otro agente moral libre, tiene derecho a su autonomía moral aunque algunos legisladores y jueces se nieguen a reconocérsela.
¿Tendremos que luchar para que se reconozcan nuestros derechos o permiteremos que nos regulen la conciencia por la fuerza de la ley
Esteban Rodríguez Martín
