Sr. Director:
El pasado día 14 leía que cuando se formaba el jurado que juzga al ex presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, los abogados de la acusación particular, del Partido Socialista, trataron de descalificar a algunos candidatos al preguntarles qué pensaban sobre el aborto.

 

A muchos les pareció improcedente la pregunta, pero los acusadores sabían muy bien lo que hacían. Lo que pretendían era asimilar la actitud de los jurados ante el aborto a su simpatía o antipatía hacia un político cuyo partido se había opuesto a la ley promovida por el Gobierno socialista.
Se visualizaba así, sin duda es un ejemplo más, la división social provocada por esta y otras leyes, para descalificar como ciudadanos a quienes no comparten los contenidos de la ideología de género que el Gobierno de Zapatero ha tratado de imponer a la sociedad.
Y se añadía otro factor significativo: el hecho de que la Generalitat valenciana, bajo el mandato de Francisco Camps, fue la primera comunidad en adoptar una ley de protección a la maternidad y de ayuda a las mujeres embarazadas.
Pienso, Sr. Director, que la pregunta de los abogados del Partido Socialista era improcedente pero nada inocente. Pedro J. Piqueras Ibáñez