Presentan un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra Educación para la Ciudadanía. Si el TSJA aceptase la suspensión cautelar requerida, se montaría la marimonera.

Es el primero, pero no será el único. En Cataluña también se presentará un contencioso-administrativo contra el decreto catalán que regula Educación para la Ciudadanía (EpC) de una manera un tanto sectaria: catalanista, feminista y pro-homosexualidad.

Pero vayamos a Andalucía, porque el sur de España está absolutamente revolucionado. Sin contar con apoyo eclesiástico y con "despiste" –dicen- del PP andaluz, un grupo de padres y madres ha decidido emprender una cruzada contra el proyecto adoctrinador de la Junta de Andalucía. Están organizados y dispuestos a dar la batalla. Desde Córdoba, hasta Chiclana, pasando por Jerez, Sevilla y Cádiz. Una auténtica mancha de aceite de difícil gestión para la Junta de Chaves.

De momento, la Junta ha optado por que no sean los delegados provinciales los que tramiten las objeciones de conciencia, sino que todas sean centralizadas desde la Junta. Suponemos que para amarrar más el poder no vaya a ser que haya algún delegado díscolo. Desde el gobierno regional se amenaza a los padres objetores con poco menos que las siete plagas: su hijo no pasará de curso. Y lo último: la pérdida de la escolaridad.

A pesar de ello, los padres han decidido emprender la defensa activa de sus derechos como educadores de sus hijos. Y nada de "educación compartida" con la consejería. Los titulares del derecho a la educación de los menores recae en sus padres que ceden de manera subsidiaria a los centros educativos. Y sólo en caso de faltas muy graves y probadas podrán los servicios sociales retirar la patria potestad de los padres. Algo lógico y fácilmente entendible salvo para quien mantiene una posición totalitaria y totalizadora de la educación, la sociedad y la política en general.

El paso adelante dado en Andalucía es el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ha sido presentado en la mañana de este lunes por el abogado Carlos Seco, un padre de familia y un competente letrado. A su favor, una reciente sentencia del TSJA en el que se defiende el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos para no dispensar la píldora del día después.

Acogiéndose a esa doctrina y a la larga jurisprudencia del TSJA en contra de los atropellos totalitarios de la Junta en materia de educación concertada, los recurrentes piden no sólo que se respete su derecho a la objeción de conciencia, sino también la suspensión cautelar de la polémica asignatura que -en principio- debería de empezar a impartirse este mes de septiembre.

En caso de que el TSJA concediera esta cautelar, se armaría la marimonera, porque el gobierno ha apostado muy fuerte por una asignatura que –según el laicista Peces Barba- "bien vale una legislatura". Así que ahora toca esperar. Pero no es descartable que se arme una buena. Enhorabuena a los valientes padres que han emprendido toda la defensas jurídicamente viables y a su alcance. La defensa de la libertad educativa se lo merece.

Luis Losada Pescador