Sr. Director:
La Ley Orgánica de Educación, que actualmente se tramita en el Parlamento, va a ser, por capricho de nuestros gobernantes y de su acreditado mal talante, otra ocasión desperdiciada para consensuar un sistema educativo coherente, estable, con visión de futuro y adecuado a las necesidades educativas y a la realidad sociocultural de España.
Esa ley, si sus señorías no corrigen sus múltiples errores técnicos, así como sus desfasados y estatalistas planteamientos sociopedagógicos, posibilitará que, mediante sus decretos de desarrollo, el Gobierno de turno pueda vulnerar derechos constitucionales de alumnos y padres y otorgará al Gobierno de turno la ilegítima potestad de decidir cuál es la educación que han de recibir nuestros hijos, especialmente si osamos matricularlos en centros de titularidad estatal.
En algunos países de honda raigambre democrática (por ejemplo, en Suecia, nación en la que, como se sabe, los socialistas han ejercido tareas de gobierno durante años y años), ese riesgo es mínimo (por no decir inexistente), gracias a la implantación del cheque escolar.
El hecho de que sea a las familias de los alumnos (y no a los centros educativos) a quienes la Administración hace entrega de un elevado porcentaje del gasto educativo medio por plaza escolar, para que lo inviertan en la formación de sus hijos en el centro libremente elegido (independientemente de que este sea de iniciativa social o de titularidad estatal), ayuda considerablemente a que los poderes públicos de esas naciones garanticen de manera efectiva el inalienable derecho de madres y padres a decidir la formación que sus hijos han de recibir.
¿Será por eso, tal vez, por lo que el Ministerio de Educación de España rechaza a priori toda posibilidad de considerar la aplicación del cheque escolar en nuestra enseñanza no universitaria?
José Carlos Muñoz Úbeda
jocarmube@hotmail.com
