El motivo de la carta fue un artículo publicado por el periódico El 1, de la Universidad Nacional de La Matanza, en su edición del 17 de agosto de 2009, en el que informa que en los hospitales municipales del partido se entregan kits de medicamentos a mujeres que han sufrido una violación, que incluyen drogas de amplio espectro para evitar todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. El artículo agrega que también se proporcionarán píldoras de anticoncepción de emergencia (levonorgestrel).
Los pastores señalan que la acción del levonorgestrel, se basa en impedir la implantación del embrión en el endometrio (pared interna del útero), tras ser fecundado el óvulo por el espermatozoide, lo cual significa que produce el aborto del embrión que no ha podido anidar.
Desde una visión antropológica -prosigue el texto-, toda mujer que utiliza la píldora del día después, adquirida por sus medios o entregada por el Estado, tiene la clara intención de evitar el embarazo, interrumpir la gestación o eliminar el embrión gestado, y tras indicar que grupos muy radicalizados, con el supuesto derecho a decidir por cuenta propia o del Estado, pretenden justificar moral y jurídicamente la interrupción del embarazo afirman que nadie es dueño de la vida de su prójimo, no importa en qué grado de madurez psicofísica se encuentre éste. Sólo Dios es el que da la vida y sólo Él puede quitarla.
Por ese motivo, exhortan a que desde la acción gubernamental no se promueva la utilización de una sustancia que produce la muerte de los no nacidos, asumiendo un principio moral fundamental de la Ley natural: no matarás.
Reconocen que la Iglesia como Madre, comprende el dolor de aquellas mujeres que sufren un acto de violencia, del cual puede surgir un embarazo no buscado ni deseado. Sin embargo no puede tolerar el asesinato de los inocentes bajo la justificación del derecho de la madre a decidir. El hecho de haber sido violada, que es una situación de por sí traumática, no puede nunca dar derecho a eliminar al bebé inocente. Eso sería pretender curar una herida terrible, con un acto de violencia mayor. La mujer pasaría de ser víctima a ser victimaria de un acto aún más violento, por la situación de absoluta indefensión del niño y por ser un homicidio.
Los obispos consideran además que en la actual mentalidad relativista el derecho de cada uno se pone por encima del derecho de los demás y del bien común y que basta con un acuerdo social para que una ley justifique lo que moralmente es ilícito por lo que, de ser cierta esta información, llaman a las Autoridades a reflexionar sobre el particular y les recuerdan a los médicos y a todo el personal de la Salud que tienen el derecho a renunciar al suministro de esta sustancia, dado que la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental que no puede ser violentado por ninguna autoridad.
Finalmente, proponen como solución una educación humana integral, en la que participemos todos los actores sociales, sobre todo en las zonas más desfavorables, que ayude al hombre y a la mujer a descubrir su dignidad personal y a orientarse hacia un amor pleno y gratuito en la vida familiar y conyugal.
Aquí puede leer el texto completo de la carta.Noticias Globales
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