El Gobierno Aznar no terminó el trabajo. Ahora, los nacionalistas catalanes de CiU han lanzado, desde la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, una norma muy clara: los pagos en transacciones comerciales entre particulares no podrán exceder de 30 días (ahora la media está en 74); si es el Estado quien paga, entonces se puede alargar el plazo hasta los 60 días (ahora la media alcanza los dos años).

 

La proposición del diputado Sánchez Llibre es básica, y ha sido aceptada por todos los grupos. De esta forma, el Gobierno tiene vía libre por consenso para introducir la novedad en la futura ley de morosidad, una de las piezas claves de toda economía avanzada. Es más, los socialistas advierten, por boca de su secretario de Estado de Comercio, Pedro Mejía, que cualquier impago fuera del plazo establecido debe castigarse de forma automática con el correspondiente pago automático de intereses… según un esquema refrendado por la ley.

 

Eso sí, el único problema, como siempre ocurre en las leyes, son los añadidos. Por ejemplo, la proposición de CiU afirma que los pagos entre privados deben hacerse en un plazo de 30 días… salvo acuerdo especial entre las partes. Mucho nos tememos que, si se mantiene esa fórmula, va a haber muchos acuerdos entre las partes y que lo extraordinario se va a convertir en ordinario.