El viernes 20 se firma en Madrid el acuerdo entre la familia Sanahuja, propietaria de Sacresa, tenedora del 80% de las acciones de Metrovacesa. En poca palabras, seis entidades (Santander, Banesto, BBV, Popular, Caja Madrid y Sabadell) condonarán 2.100 millones de euros de deuda a cambio de 54% de acciones de Sacresa, a lo que hay que sumar, otro 11% en acciones, cuyo valor es de 427 millones de euros. Total: el 65% es capital flotante y el 30% restante quedará en manos de la familia Sanahuja.
Ahora bien, ese 30% restante (hablamos siempre de Sacresa, no de Metrovacesa) también está ligado a otros dos paquetes de deuda: 600 millones del británico HSBC y 458 millones de cuatro entidades: La Caixa, Caixa Catalunya, Instituto Catalá de Credit y Barclays.
Dicho de otra forma, al finalizar el proceso los Sanahuja se quedarán sin nada.
El mismo viernes, al menos si se cierran todos los flecos, se celebrará la primera reunión del nuevo Consejo de Administración de la entidad, que estará presidido por Vitalino Nafría, en representación de BBVA, y de Eduardo Paraja, procedente de Prosegur, como consejero delgado, en representación del Santander. El fichaje de un experto en seguridad ha provocado no pocos chistes fáciles en la City madrileña. Además, Vitalino no será un presidente ejecutivo: en el día a día mandará Paraja.
En cualquier caso, con el cierre de tan elaborada operación de embargo, puede decirse que en España se impone el modelo Metrovacesa de tratamiento de la crisis inmobiliaria al modelo Martinsa, que se dejó caer en concurso de acreedores, devaluando así los activos. No, los bancos consideran que deben convertirse en inmobiliarias y gestionar los embargos productos de impago. No sólo de forma individual (Reayl Urbis y Banesto) sino también cuando se trata de un grupo de deudores colectivos.
Eulogio López
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