Vence la tecnocracia en el Gobierno Zapatero. La gran empresa mejora su beneficio en un 38% en gran parte gracias a las prejubilaciones y la precarización del empleo. Mientras tanto, la pequeña empresa sufre la pérdida de la competitividad y el déficit comercial crece un 168%. Un 15% del empleo industrial está en riesgo mientras los sindicatos siguen dedicados a la alta política.
Durante los últimos días hemos vivido una cascada de noticias de beneficios empresariales. Telefónica mejora su beneficio un 35,2% hasta alcanzar los 912,2 millones de euros, muy por encima de los 867 esperados. Por su parte el Santander presenta por vez primera su cuenta de resultados con el Abbey en sus tripas: crece un 38,5% hasta situarse en los 1.185,1 millones de euros. La banca siempre gana, ya saben. Y claro que mejora el cociente de eficiencia del Abbey y de todo el grupo SCH: como que el banco español ya ha despedido a más de 1.000 trabajadores de la entidad británica y espera alcanzar los 4.000 despidos antes de que termine el año. El Sabadell también crece un 52,9 sus beneficios tras digerir la compra del Atlántico y Sacyr Vallerhermoso saluda el fracaso de la OPA sobre el BBVA duplicando sus beneficios hasta los 144,4 millones de euros.
El Ibex 35 es una fiesta. 20 de las 35 compañías han mejorado sus beneficios más de un 20%. Y no es una anomalía. El año pasado fue tan bueno que a Solbes le ha salvado la recaudación impositiva. Y eso está bien. Nuestra gran empresa goza de muy buena salud, a pesar de lo cual, los liberales de todos los partidos insisten en la necesidad de la moderación salarial.
Sin embargo, no deja de ser un espejismo de la realidad. Las pymes atraviesan una seria crisis de competitividad. La empresa española es la más vulnerable al fenómeno de la invasión comercial. Tanto que en el primer trimestre del año, las importaciones crecieron un 12,8% frente a las exportaciones, que se anotaron una exigua subida del 2,9%. El resultado es que el déficit comercial se elevó un 168% hasta los 7.348 millones de euros. Casi nada.
El dato apunta a que los españoles tenemos el consumo disparado pero preferimos producción extranjera. Y eso nos lleva a una grave crisis de oferta, además de a una seria dificultad para abrir corredores comerciales en el exterior. Por si esto fuera poco, el turismo no acompaña. Nuestra gallina de los huevos de oro ha empezado a languidecer ante la subida de precios. Nos hemos hecho poco competitivos. El sector, de momento, aguanta porque el turismo interior sigue tirando. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Las previsiones no son muy halagüeñas. España pierde 38 puntos de competitividad. La construcción se desacelerará de las 600.000 viviendas nuevas a las 100.000 en un quinquenio. Y todo ello se produce mientras los sindicatos siguen dedicados a la alta política: que si la propuesta de Maragall no, dicen en Madrid; que si hay que recortar el déficit fiscal, apuntan en Barcelona.
El sindicalismo español se ha hecho fuerte en la gran empresa. Justo en esa que crece al 38% a base de prejubilaciones masivas y precarización del empleo. Las centrales sindicales han llegado incluso a criticar a las entidades financieras que no aprovecharan de forma más abundante la normativa contable que permitía prejubilar con cargo a reservas. Son sindicalistas cincuentones que han renunciado a la justicia social y sueñan con quedarse en casa jugando a las cartas. Es sí, con el riñón bien cubierto.
Dominan la legislación laboral. Apuntan con escrúpulo las horas extras. Son especialmente celosos con las actividades que corresponden a cada categoría laboral. Pero olvidan el problema real que sufre el trabajador en la pyme. Las largas jornadas de la restauración, la temporalidad de la industria auxiliar, las masas de trabajadores irregulares que trabajan en la economía sumergida. Son ajenos a la verdadera batalla de la justicia social porque la gran empresa les ha dado cómodo cobijo. Han amarilleado sus reivindicaciones a fuerza de profesionalizarse. Y así se entiende que cuando la gran empresa incrementa un 38% sus beneficios ningún sindicalista diga esta boca es mía.
En definitiva, se ha impuesto la política de píldoras amargas propia de los tecnócratas, que todo lo fían a los salarios máximos. Se exagera el miedo a la inflación para forzar la moderación salarial, a pesar de que la inflación subyacente se ha reducido una décima en abril y lleva más de un año por debajo del IPC oficial. E incluso, en el colmo del despropósito, el Gobierno insiste en buscar margen para reducir el impuesto de sociedades. De la Europa de los 15, España es el país con más diferencia entre salario mínimo (513 euros brutos al mes) y salario máximo, el país donde más esfuerzo (medido sobre el salario) cuesta adquirir una vivienda, y el país con menos ayudas públicas a la familia. Luego dicen que los jóvenes no se independizan, no forman una familia y no tienen hijos. La verdad es que la tecnocracia imperante, la de la moderación salarial, se lo está poniendo muy difícil.
