• La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria señala que no posee 911 viviendas de protección oficial, como estimó, sino 98.
  • Por ello, la consejería andaluza de Fomento y Vivienda, denuncia que los datos usados por el Gobierno en su recurso contra la 'Ley antidesahucios' eran "totalmente falsos".
  • Pero podría haber una segunda sanción (11,7 millones), si las 98 VPO no se han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes.

Parece que a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no le van muy bien las cosas con la Junta de Andalucía, más en concreto con la Consejería de Fomento y Vivienda. ¿El motivo Las viviendas de protección oficial (VPO) y su función social.

Vayamos a los detalles de este partido a tres bandas. Por un lado la Consejería citada, que ha multado a Sareb con 120.000 euros por "obstruir las medidas de la administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas". Es la primera sanción derivada de la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda, conocida como 'Ley antidesahucios', que obliga a las entidades financieras a dar inventario de las VPO incluidas en sus balances a la administración pública.

Por otro, la Sareb, presidida por Belén Romana (en la imagen), intentó por todos los medios evitar la multa. Antes de esta resolución, alegó que no posee 911 VPO en Andalucía, cifra que señaló en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra la 'Ley antidesahucios', sino 98. Una abismal diferencia de cifras que Sareb justifica en que las 911 eran sólo estimaciones. Además han anunciado que recurrirán la multa, pues no entienden a qué se debe, ya que informaron de la corrección, aunque con retraso.

Ante esto, la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha respondido sin miramientos y ha denunciado que el Gobierno central basó su recurso en datos "totalmente falsos". Pero no sólo eso, también ha subrayado que el Ejecutivo "no puede recurrir una Ley, que frena los desahucios y defiende el derecho a la vivienda, basándose en datos estimativos que finalmente resultan falsos". Además considera este hecho de "extrema gravedad".

Por su parte, el tercer jugador es el Gobierno central. Este recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la 'Ley antidesahucios' y consiguió su parcial suspensión, a la espera de sentencia. Sin embargo, ahora su argumento -de que dañaba los intereses de la Sareb- se ha puesto en entredicho, pues se basó en datos "falsos". "El Gobierno engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la Ley", ha puntualizado Cortés.

Aunque la resolución firmada por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, puede no ser la única multa a la que la Sareb tenga que hacer frente, ya que hay un segundo procedimiento sancionador que sigue su curso. La entidad financiera se expone a que, si no hay puesto sus 98 VPO a disposición de los registros municipales de demandantes, podría tener una segunda multa de 11,7 millones de euros. 

De confirmarse finalmente esta segunda sanción, la Sareb deberá abonar a la Consejería andaluza de Fomento y Vivienda algo más de 11,8 millones, con lo que de seguro tendrá más cuidado al hacer sus cálculos y estimaciones.

Cristina Martín

cristina@hispanidad.com