La reunión del lunes con el Ministerio de Trabajo se cerró con gran cabreo por parte de los autónomos al aparecer los "empresarios camuflados"
La representación de los autónomos y su regulación se ha convertido en la batalla silenciosa de los últimos meses. Recientemente, la Asociación de Trabajadores y Autónomos (ATA) y la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) consiguieron un puesto de representación en el Consejo Económico y Social. La noticia hizo saltar la voz de alarma, porque los autónomos jamás habían tenido un peso específico institucional. Se trataba de un sector atomizado sin representación institucional.
El crecimiento espectacular de los últimos años debido a la creciente subcontratación empresarial y el crecimiento económico ha generado un caldo de cultivo propicio para que las apuestas realizadas por ATA y OPA de vertebrar al sector hayan dado su fruto. Y como dice la canción, "al éxito, todos se apuntan".
Así que los interlocutores sociales tradicionales han reaccionado. UGT creó su sección sindical de autónomos. Y ahora la patronal CEPYME, presidida por JesúsBárcenas, se dispone a crear la Confederación Española de Autónomos (CEA). Asegura que tiene ya un millón de autónomos afiliados en Cepyme y aspira a convertirse oficialmente en asociación de autónomos el próximo mes de septiembre.
Y todo eso a pesar de que la figura del autónomo es un híbrido entre el trabajador y el empresario. O como diría el que fuera ministro de Trabajo popular, Juan Antonio Griñán, "son unos trabajadores que en cuanto pueden se convierten en empresarios".
El caso es que en la reunión convocada en la mañana del lunes en la sede del Ministerio de Trabajo para iniciar el diálogo social con los autónomos ha aparecido la todavía inexistente CEA. Y esto ha sentado más que mal a ATA y OPA que han amenazado con abandonar la reunión. Ellos hicieron la travesía del desierto y no admiten ingerencias de "empresarios camuflados" de autónomos.
Al margen de esta polémica, los autónomos están muy inquietos por el anuncio del Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, de elevar las cotizaciones mínimas de los autónomos. Se trata de la base mínima de 200 euros por la que cotizan la mayoría de los autónomos. Casi nunca cotizan por encima, aunque jurídicamente sea posible. Unos porque no pueden y se conforman con sobrevivir. Los otros, porque tienen la conciencia de que la cotización a la Seguridad Social es una mala inversión y prefieren salvar sus contingencias en instrumentos privados.
Pero Granado considera que los 200 euros aportados por la mayoría de los 3.128.000 autónomos resultan un tanto escasos. Y no es que el capítulo de autónomos esté en déficit. Al contrario, arroja un generoso superávit. Pero el Gobierno aspira a mejorar las prestaciones sociales con cargo a sus mismas cotizaciones. Y a eso no están dispuestos los autónomos.
Las asociaciones han demandado en sucesivas ocasiones una suerte de prestación por desempleo. Algo imposible desde el mismo momento en que hablamos de microempresarios. Pero posible, si entendemos que muchos de los autónomos son trabajadores por cuenta ajena que disfrazan su relación con la empresa de mercantil presionados por una corporación que quiere eludir el pasivo laboral y el impuesto sobre el trabajo. O sea, el 30 por ciento de cotización a la Seguridad Social.
Caldera se muestra partidario a priori, a expensas de lo que digan los cálculos actuariales. Es decir, si no se eleva la cotización mínima, será poco. Si se eleva, habrá más margen. La otra gran batalla es la de permitir la contratación de los descendientes por el régimen general de Seguridad Social. La prohibición se estableció para evitar el fraude de minorar la base imponible del autónomo al tiempo que el hijo ganaba antigüedad para percibir el subsidio del desempleo. De esta forma, los autónomos pagaban la carrera de los hijos con cargo al paro. No saben nada de supervivencia. Tanto que se ha puesto de moda la contratación cruzada entre autónomos: "Yo contrato ficticiamente a tu hijo y tú contratas al mío. Luego los enviamos al paro simultáneamente y aquí paz y después gloria"...
Pero como siempre, terminan pagando justos por pecadores. Porque gracias a los Lazarillos, los autónomos se ven obligados a contratar a alguien de la calle estando sus descendientes en edad laboral. La Inspección de Trabajo podría funcionar para levantar el velo de los fraudes al tiempo que se permitiera la contratación de descendientes. La fórmula será debatida en la mesa de negociación. Si es que todavía existe tal mesa...
