Como se puede constatar leyendo el teletipo que con fecha 7 de marzo publicó Europa Press, la Junta de Extremadura y el grupo parlamentario socialista de la Cámara autonómica han hecho el ridículo de forma tan estrepitosa como cobarde, al justificar en la Comisión de Educación de la Asamblea regional un claro caso de acoso escolar.
Es víctima de él mi hijo Andrés, un niño que estudia el tercer ciclo de Primaria en el colegio Luis de Morales de Badajoz. Su culpa, que su padre y yo comunicamos en su día al centro (y digo que comunicamos, porque eso fue lo que hicimos; no solicitamos nada a nadie, aunque a los políticos extremeños les interese venderlo así) que, por razones de conciencia, nuestro hijo no asistiría a las clases de Educación para la Ciudadanía (EpC).
Andrés (y yo misma, que me persono en el centro para acompañarlo durante ese tiempo) se ve obligado a permanecer a la intemperie mientras sus compañeros de grupo reciben esas enseñanzas. El lector tal vez conozca ya algo de este caso, del que se han hecho eco no pocos medios de comunicación.
Comenzaba este artículo asegurando que los gobernantes extremeños y el partido al que pertenecen han hecho el ridículo. Ese es el término más bondadoso que se me ocurre para designar la actuación de quienes, para tratar de justificar el sufrimiento al que se está sometiendo a un menor, no hallan mejor forma de hacerlo que aludiendo despectivamente a las tendencias políticas de sus padres y a sus creencias religiosas.
A la desesperada, el PSOE (que parece tener una concepción tan peculiar de lo que significa la democracia que recuerda la ley del embudo) intenta arrastrar al PP a aplicar a nuestra familia el mismo trato vejatorio, buscando condenarnos al ostracismo por no estar afiliados a ninguna de las dos facciones políticas mayoritarias.
Ambos partidos se olvidaron este lunes de lo fundamental en todo este asunto: que hay un niño en espera de resolución judicial (a él no le son de aplicación las ya dictadas por el Tribunal Supremo, pues el Alto Tribunal no ha juzgado su caso concreto) y que no tiene la culpa del tiempo que la Justicia se tome para decidir sobre este tema. Mientras esa resolución de los jueces llega, Andrés no tiene por qué sufrir ningún castigo colateral.
Él, como objetor que es, acepta el suspenso; pero estar castigado a la intemperie, la burla y los motes que le han puesto en el colegio, y el escarnio público al que se ve sometido están de más en una sociedad democrática y plural.
Los políticos no deben interferir ni entorpecer las decisiones de los jueces. Los demás ciudadanos esperamos pacientemente los tiempos de la Justicia.
