El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, señaló en su momento que no quería generar un Guantánamo electoral De aquellos barros, estos lodos. Desde una actitiud pusilénime de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el resultado es que 42 ayuntamientos del País Vasco están gobernados por ANV, considerada ETA por sentencia del Supremo. Aún así, el Gobierno no se arrepiente de haber dejado entrar a los amigos de ETA en las instituciones. Y eso que el Fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, reconoció que no se podía generar un Guantánamo electoral. ¿Y la Abogacía del Estado? Llegó todo lo lejos que se pudo; no pòdemos llegar más lejos; no nos arrepentimos de nada. El acto de contricción no va con este Gobierno.
¿Y ahora? Ahora toca chapucear. Resulta que según el art. 61 de la Ley del Régimen Local no es tan fácil la disolución porque requiere que haya comportamientos graves y reiterados. Los hay graves, reconocen en Moncloa. No condemnar un atentado es grave.
Pero no hay reiteración. ¿Se podría forzar la reiteración con una nueva moción municipal? No hay que descartarlo. Según informa De la Vega, el Gobierno trabaja en todos los frentes. El primero, tratar de buscar un resquicio legal al ya comentado art. 61. En esas está la Abogacía del Estado. Pero en paralelo se está explorando la posibilidad de una reforma legal que impida que una fomación ilegalizada tenga el Gobierno municipal.
De esta manera se salvarían ls muebles. Por una parte, no se disolvería una corporación municipal como la de Azpeitia que ha condenado el atentado. Por otra, se mantiene la constitucionalidad y las garantías de las actas obtenidas democráticamente. Tan sólo se impediría -no ser concejal- sino ser alcalde. Es decir, ejercer el Gobierno municipal. Porque lo que no parece razonable es que no exista ninguna trascendencia para los miembros de un partido que ha sido declarado ilegal, apunta la vicepresidenta.
Esta es la idea que tratarán de pactar con los distintos grupos políticos. Es una cirujía menor que el Gobierno pretende tener lista lo antes posible..
¿Y ahora? Ahora toca chapucear. Resulta que según el art. 61 de la Ley del Régimen Local no es tan fácil la disolución porque requiere que haya comportamientos graves y reiterados. Los hay graves, reconocen en Moncloa. No condemnar un atentado es grave.
Pero no hay reiteración. ¿Se podría forzar la reiteración con una nueva moción municipal? No hay que descartarlo. Según informa De la Vega, el Gobierno trabaja en todos los frentes. El primero, tratar de buscar un resquicio legal al ya comentado art. 61. En esas está la Abogacía del Estado. Pero en paralelo se está explorando la posibilidad de una reforma legal que impida que una fomación ilegalizada tenga el Gobierno municipal.
De esta manera se salvarían ls muebles. Por una parte, no se disolvería una corporación municipal como la de Azpeitia que ha condenado el atentado. Por otra, se mantiene la constitucionalidad y las garantías de las actas obtenidas democráticamente. Tan sólo se impediría -no ser concejal- sino ser alcalde. Es decir, ejercer el Gobierno municipal. Porque lo que no parece razonable es que no exista ninguna trascendencia para los miembros de un partido que ha sido declarado ilegal, apunta la vicepresidenta.
Esta es la idea que tratarán de pactar con los distintos grupos políticos. Es una cirujía menor que el Gobierno pretende tener lista lo antes posible..
