Justicia ha pedido a Hacienda que estudie algún sistema de financiación a las entidades religiosas. Como se pueden imaginar, se trata de volver a insistir en la amenaza económica a la Iglesia. El Gobierno juega al blanco y negro. Por ejemplo, Solbes afirma que la autofinanciación es responsabilidad de la Iglesia, pero añade que la asignación presupuestaria se actualizará en el próximo ejercicio.

De la Vega organiza la hoja de ruta del proyecto de laicidad y, al mismo tiempo, dice que tal proyecto no es necesario porque España es ya un Estado laico. Eso sí, el Gobierno seguirá avanzando en el desarrollo de los derechos civiles, que, según De la Vega, harán la vida más fácil a los ciudadanos. La Iglesia será oída, pero no escuchada. Eso es diálogo.

Lo curioso es que se haya descartado el proyecto de ofertar una casilla por cada confesión en la declaración del IRPF. Se trataba de eliminar la confrontación entre el credo y los servicios sociales, y permitir de manera abierta y libre que cada uno escogiera la confesión religiosa con la quería contribuir, o, en su defecto, dejase la casilla en blanco.

Evangelistas, judíos y musulmanes se opusieron siempre a este modelo, porque evidenciaría que sus distintas confesiones son muy minoritarias. Preferían, en cambio, negociar una asignación fuera del IRPF inflando las cifras de sus seguidores, tal y como finalmente han hecho. Y el Gobierno traga, porque su laicismo militante no es antirreligioso, sino principalmente anticatólico. Y así se entiende el proyecto de objetivizar los proyectos sociales de Caldera. O sea, dejar fuera a las organizaciones católicas de las ayudas públicas a organizaciones de carácter social. Eso es pluralismo, respeto a las distintas confesiones religiosas, libertad y diálogo. Mucho diálogo.