Había empresas sin actividad desde hace veinte años, y algunas con más consejeros que empleados. El Gobierno ha anunciado la supresión de 24 empresas mercantiles estatales, así como la desinversión y fusión a corto plazo de otras ochenta, dentro del Plan de restructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal.
Con cierto regodeo y regocijo, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha detallado casos como el de la Empresa Carmen la comida de España S.A, creada en 1992, para promover la gastronomía en el año de las Olimpiadas, o la Naval Izar, que todos creíamos desaparecida, o la aún no extinta Fundación del Quinto Centenario, Barcelona Holding Olímpico o Residencial Langa: "Con la situación que vive el país no estamos para estas cosas", ha dicho la ministra portavoz.
Con este conjunto de medidas el número de consejeros que se suprimirán del total de sociedades mercantiles estatales se eleva a 154, lo que generará un ahorro económico de 1.083.998 euros al año solo en sueldos. La vicepresidenta ha señalado que con las dietas y otros conceptos la cantidad ascendería a 1,8 millones de euros. Con respecto a los trabajadores, la portavoz ha señalado que en la mayoría de los casos serán absorbidos por entidades matrices. "Había empresas que tenían más consejo de administración que trabajadores. Otras ni siquiera tenían personal, pero sí un administrador", ha explicado. Había entidades, asegura, que llevaban 20 años sin actividad pero pagando sueldos directivos.
Con este decreto se va a producir la supresión, desinversión o agilización de la liquidación en ochenta sociedades mercantiles. Es un plan de estímulo para que tanto las Comunidades Autónomas como las Corporaciones Locales emprendan actuaciones similares. Las operaciones planteadas afectan al 32 % de las sociedades mercantiles estatales y asciende a 80 el número de sociedades donde se producirá la supresión, desinversión o agilización de la liquidación.
Por Sociedad mercantil estatal se entiende aquella en la que la participación pública estatal es superior al 50%.
Entre las 24 sociedades mercantiles estatales que desaparecen figuran la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVALAE), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, S.A. (INSA), Remolques Marítimos, S.A. (REMOLMAR), Aguas de la Cuenca del Norte, S.A. (ACUANORTE) y Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. (ACUASUR), para las que se prevé su fusión con Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACUAEBRO), o la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).
También se contempla la desinversión a través de la venta de acciones en otras ocho sociedades, como es el caso de Olimpic Moll, Colonización y Transformación Agraria (CYTASA).
En lo que se refiere a sociedades mercantiles en las que la participación pública estatal es minoritaria, se prevé la desinversión de esa participación en 35 sociedades. Se daba el caso, ha declarado Sáenz de Santamaría, de empresas en las que había más consejeros que empleados.
El Acuerdo de Consejo de Ministros contempla un mandato para los consejos de administración de las sociedades afectadas para aprobar un plan de redimensionamiento en el que deberá analizarse la adecuación a la nueva situación de las estructuras organizativas, laborales o inmobiliarias, sin que, en ningún caso, pueda haber un incremento alguno en la masa salarial.
Se prevé el traspaso de la titularidad de las acciones de la Sociedad de Correos, S.A. desde la Dirección General del Patrimonio del Estado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al considerar que las características de esta última se ajustan mejor a las de la empresa.
Junto a las propuestas descritas, que en su gran mayoría deberán ser puestas en marcha en un corto plazo, el Gobierno se propone a más largo plazo abordar una reorganización en profundidad del sector público empresarial. A este respecto, el acuerdo prevé la creación de dos grupos de trabajo que tendrán por objeto la presentación de propuestas de implantación, siguiendo los criterios de la OCDE, de un mecanismo de supervisión financiera centralizado.
Se perseguirá la concentración de la totalidad de las participaciones empresariales dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tanto de la Dirección General del Patrimonio del Estado como de SEPI, en un solo órgano o entidad, al tiempo que se estudiará la posible transformación de sociedades mercantiles a otra forma jurídica más adecuada a la naturaleza de sus funciones.
Sara Olivo
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