El secretario general de Empleo del Gobierno Zapatero, Valeriano Gómez, lo repite antes de empezar: no habrá reforma del mercado de trabajo sin acuerdo entre empresarios y sindicatos. Es el dogma que nadie está dispuesto admitir, entre otras cosas porque ningún Gobierno quiere arriesgarse a una huelga general.
Pero aunque el acuerdo deba venir de la mano de empresarios y sindicatos, lo cierto es que el Gobierno ya ha lanzado su cuarto a espadas: lo que pretende el Ejecutivo es ampliar y universalizar el llamado Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida. En otras palabras, el contrato nacido en 1997, siendo entonces ministro de Trabajo Javier Arenas, por el que el trabajador firma un acuerdo según el cual en caso de despido cobrará una indemnización de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 (en el contrato ordinario, un juez puede conceder hasta 45 días de indemnización por año trabajado con un límite de 44 meses). Este contrato abarca a distintos colectivos, especialmente a mujeres, jóvenes de menos de 30 años, mayores de 45.
De hecho, Valeriano Gómez recuerda que del millón y medio de contratos indefinidos, dos terceras partes se han hecho bajo esa fórmula y sólo medio millón son contratos ordinarios.
No sólo pretende el Gobierno generalizar esta fórmula de contrato con indemnización pactada, sino que también aspira cambiar la situación actual: 4 de cada 5 contratos de Fomento son contratos temporales convertidos a fijos. Gómez da a entender que lo que preferiría el Gobierno sería reducir las cuotas sociales de los contratos fijos sin elevar, como piden los sindicatos, las cuotas de los contratos temporales.
Para la patronal, la ampliación del contrato de Fomento es una buena medida, aunque notoriamente insuficiente. Según los empresarios, se está exagerando la temporalidad. Así, recuerdan que durante el periodo 85-90, más del 80% del empleo que se creaba era temporal. En el periodo 1997-2004, más del 80% del empleo que se ha creado ha sido indefinido. La temporalidad ha pasado del 37 al 33% durante esos siete años, y aún más ha bajado en el sector privado que en el público.
Los sindicatos, por el contrario, creen que ese contrato camina hacia el despido libre. La verdad es que España es firmante del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se compromete a no aceptar el despido libre, es decir, no renunciar a la causalidad, al preaviso, a la intermediación judicial, a la protección por desempleo del despido, etc. Por cierto, que son cada vez más los países que impugnan este tratado. La última potencia demográfica en hacerlo fue Brasil. No sólo eso. Algunos juristas consideran que es inconstitucional el hecho de que haya despidos de dos categorías en un mismo mercado laboral: el pactado de antemano y el normal. En cualquier caso, la generalización y mejora del contrato con indemnización pactada puede ser el fruto deseado del actual proceso de diálogo social que camina, todo hay que decirlo, con gran lentitud.
Por otra parte, es la primera vez que el Gobierno Zapatero, a través de su secretario general de Empleo, acepta lo que los empresarios llevan denunciando desde tiempo atrás: las cuotas sociales deben financiar las pensiones y el subsidio de paro, no las cuentas del Estado, para pagar policías, funcionarios, etc. Eso no tiene mucho sentido. Gómez, sin embargo es cauto. Reconoce que las cuotas del FOGASA (encargado, entre otras cosas, de pagar las indemnizaciones del trabajador cuando la empresa ha quebrado) pueden reducirse, pero no quiere hablar de reducir cuotas de forma general, sino de fomentar el empleo estable incentivando al empresario.
En cualquier caso, se camina hacia un despido, si no libre, sí con indemnización pactada, qua ahuyente el miedo del empresario a comprometerse con el trabajador. Es la tónica en todo Occidente, sólo que unos caminan más deprisa y otros, como España, más despacio. Eso sí, en los países que afrontan el cambio, los sindicatos exigen mejores salarios a cambio de ese despido casi libre: en España, a los sindicatos les gustan más las subvenciones públicas que los salarios dignos.
