Felipe González expropió Rumasa dos meses después de instalarse en La Moncloa para dejar bien claro a los poderosos quién mandaba en España. Tras el 23-F de 1983, banqueros y empresarios sabían que "Quien me eche un pulso lo pierde".

 

Pues bien, Zapatero es el hombre de la política de la sonrisa, pero está dispuesto a imitar el proceso. Para ello, cuenta con dos bazas fundamentales: el fiscal general del Estado y Radio Televisión Española.

 

El nombramiento de Cándido Conde-Pumpido, una de los fiscales denominados progresistas, y uno de los juristas más alabados en los medios informativos de Jesús Polanco, ya está dando sus buenos resultados. Conde-Pumpido ha ordenado al fiscal Anticorrupción, Carlos Salinas, que resucite todo caso de corrupción o posible corrupción contra empresarios y banqueros.

 

Ni tan siquiera es necesario que estos casos entren en fase de sumario y no digamos nada de juicio oral. Basta con que se filtre a la prensa que la Fiscalía, cualquier Fiscalía, se interesa por un asunto. Por ejemplo, los sumarios económicos más paseados por los medios informativos eran los dos concernientes a Emilio Botín (cesiones de créditos e indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui). Sin embargo, han resucitado los casos del sobrino de César Alierta, así como la pensión multimillonaria de Francisco González, presidente del BBVA, la fiscalidad de la venta de acciones de Banesto a los directivos que reflotaron esta entidad bancaria, etc… Ahora, encima, se activa el caso contra Rafael Jiménez de Parga y contra el consejero delegado del Santander Central Hispano (SCH), Alfredo Sáenz, por el encarcelamiento de Pedro Olavaria y los hermanos Romero, como producto de un impago a una filial de Banesto, con el inefable juez Pascual Estevill de por medio. En teoría, si se confirman las imputaciones del sumario, a Alfredo Sáenz podrían condenarle con 3 años de cárcel. Y por si todo esto no bastara, Cajamadrid es acusada ahora de colaborar con Gescartera.

 

Los socialistas, en el entretanto, felices. Los poderosos siempre son mucho más dóciles a las indicaciones del Ejecutivo, si tienen un problema con la justicia.