Todavía están sin responder muchas de las preguntas que la oposición socialista realizó al Gobierno Aznar sobre la reprivatización y reflotamiento de Aerolíneas Argentinas, con cargo al erario público español. La SEPI, organismo que agrupa a las empresas públicas españolas, dependientes del Ministerio de Hacienda y presidido por Ignacio Ruiz-Jarabo, ha empleado ya cerca de 3.000 millones de dólares en reflotar Aerolíneas que, aún hoy, según fuentes sindicales, estaría muy cerca de la suspensión de pagos.
En pocas palabras, la SEPI, en otoño de 2001, decide regalar a Viajes Marsans-Spanair, la aerolíneas de bandera argentina y, además, apoyar el paso de sus deudas y el reflotamiento de la compañía con 753 millones de dólares.
Se da la circunstancia de que el balance de 2001 de Interinvest (tenedora de Aerolíneas) se encuentra impugnado por su propio vicepresidente, Conrado Lúpori, y el propio síndico Bargalli, y que el balance de Aerolíneas de 2002 ha sido impugnado... por el propio Gobierno argentino. Por si fuera poco, el juez argentino Alberto Baños está juzgando si el concurso de acreedores de Aerolíneas, los empresarios españoles Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata, cometieron fraude contra los minoritarios argentinos.
Pero lo más curioso es que la diputada socialista Arancha Mendizábal realizó una serie de preguntas parlamentarias al presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo. La teoría de la SEPI es que todo el dinero público español otorgado a Pascual, Díaz y Mata llegó a su destino. Aduce que así lo reconoce la auditora del grupo Aerolíneas, que no es otra que Price Waterhouse Coopers (PWC). Sin embargo, PWC no firmó la cuentas de Interinvest correspondientes a 2001, el ejercicio de la reprivatización, sino un desconocido Gustavo Mittelman, de profesión contador público.
Si a ese se le une que las cuentas de 2001 están impugnadas, y que de 2003 sólo conocemos la nota de prensa emitida por la aerolínea, la conclusión es clara: la SEPI no sabe en qué se empleó el dinero público español otorgado para el reflotamiento de Aerolíneas, ni sabe si son ciertas las acusaciones argentinas a los propietarios de Viajes Marsans y Spanair (bueno, aquí la sueca SAS es quien controla la empresa, por lo que Spanair no puede considerarse una aerolínea española) realizaron una gestión fraudulenta y presuntamente se lucraron con las aportaciones del erario público español.
Llueve sobre mojado. La poderosa influencia de Gonzalo Pascual (vicepresidente de CEOE), Gerardo Díaz (presidente de la patronal madrileña CEIM, íntimo del poderoso Fernando Fernández-Tapias, y próximo a la Familia Real) y Antonio Mata (condenado en España por alzamiento de bienes y actual presidente de Aerolíneas Argentinas), y cierta desidia de la oposición socialista, ha conseguido que pase medianamente inadvertido un caso flagrante de una reprivatización y reflotamiento de una empresas con dinero público que ha resultado, cuando menos, fallido.
Ruiz-Jarabo y el PP intentan, ahora, a cualquier precio, terminar la legislatura. Probablemente lo consigan, pero no a apagar el caso, especialmente en la Argentina. Durante su reciente viaje a aquel país, S.M. Juan Carlos I se interesó por el caso.
Y a todo esto, un desastre como el de la privatización de Aerolíneas donde existen sospechas fundadas de utilización negligente de caudales públicos, si no algo peor, ¿puede pasar tan desapercibido? Pues sí. No en vano, Viajes Marsans y Spanair son dos de los principales anunciantes de prensa y televisión que existen en España.
Por cierto, no sabemos si el dinero público español se ha empleado para aquello para lo que estaba destinado: reflotar Aerolíneas, pero sí sabemos que el ambiente en la compañía es tenso, que no se ha renovado la flota de aviones y que días atrás a un vuelo Buenos Aires-Iguazú con 151 personas se le desprendió una rueda, por lo que tuvo que volver al aeropuerto Ezeiza y realizar un aterrizaje de emergencia.
