El descontrol de los explosivos del minero asturiano prejubilado y vinculado a la trama del 11-M ha provocado reacción por parte del Gobierno. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha comparecido para informar sobre las actuaciones previstas para ejercer un mayor control sobre la tenencia, almacenaje y "consumo" de explosivos.
Por una parte, mediante orden ministerial se aprueba la creación de dos registros de traslado y consumo de explosivos que estarán en funcionamiento el próximo 1 de septiembre. Además, se elaborará un reglamento sobre explosivos para reforzar las responsabilidades del director, artillero y fabricante. Por último, se creará un nuevo tipo penal que endurecerá las penas de quienes entreguen o consientan el mal uso de los explosivos. "Se trata de regular el consumo legal para prevenir y perseguir el consumo ilegal", explica Alonso.
Por otra parte, el ministro del Interior no ha querido responder sobre la vinculación de mandos policiales con testigos protegidos, ni sobre la supuesta preparación en la sede del PSOE de la comparecencia del Director General de Seguridad en la comisión del 11-M. Se ha amparado en su respeto a los trámites parlamentarios y ha mostrado su disposición a comparecer en la citada comisión si así le es solicitado.
