Sr. Director:

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, acordó ayer iniciar una investigación de oficio sobre la dificultad de la práctica de abortos en el sistema público sanitario.

El Centro Jurídico Tomás Moro se muestra contrario a esta investigación, pues supone "penar socialmente" a los profesionales médicos que objetan en conciencia a la práctica del aborto.

Ayer se ha hecho público el acuerdo del Defensor del Pueblo de iniciar una investigación de oficio ante el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la existencia de "extraordinarias dificultades para la aplicación, en centros y servicios del sistema público sanitario, de la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo".

Este Centro Jurídico estima improcedente tal investigación, y ello por cuanto supone poner en el "disparadero" a los profesionales médicos que se niegan, en ejercicio de un derecho constitucional, a practicar este tipo de intervenciones. Además, no debemos olvidar que son numerosos los casos de enfermedades y dolencias que no pueden ser tratadas en los hospitales de referencia de los pacientes y se tiene que derivar a Centros privados o a otros Hospitales públicos. Así por ejemplo hoy en día no está implantadas unidades de tratamiento del dolor e incluso, en muchos hospitales, no existen fisioterapeutas para tratar enfermedades crónicas. No se entiende por ello porqué en relación al aborto la resolución tiene que ser diferente. Parece que se quiere convertir el aborto en un caso prioritario de la Sanidad Pública cuando la realidad social no lo demanda.

Igualmente, en palabras del Presidente de este Centro, Javier Mª Pérez-Roldán, "no deja de resultar extraño que el Sr,. Múgica decida iniciar una investigación de oficio sobre esta cuestión y no sobre irregularidades que aparecen constantemente en los medios de comunicación en relación a la práctica de abortos. De hecho, recientemente salieron a la luz pública irregularidades en las Clínicas del Doctor Morín, de Barcelona, (incluso actualmente existen acciones penales abiertas) así como en la Clínica Isadora de Madrid. ¿Porqué estas irregularidades no merecen la atención del defensor del Pueblo?"

Desde este Centro Jurídico se ha denunciado en numerosas ocasiones la inactividad de las autoridades públicas en relación a la investigación del incumplimiento constante de la ley de despenalización del aborto, pues son muchos los centros médicos que los practican sin sujeción a los supuestos legales. Sin embargo, nunca se ha iniciado una investigación de este tipo.

Este Centro Jurídico estima que el Defensor del Pueblo debería investigar a las citadas clínicas, y no a los Hospitales Públicos que cumplen escrupulosamente con la ley y por respeto a la misma permite a sus profesionales la práctica de la objeción de conciencia, perfectamente legal.

 

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Javier Mª Pérez-Roldán: 620 88 45 35

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