La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, informó de las resoluciones adoptadas sobre el Consejo de Ministros, celebrado en la mañana del viernes 23, en un tono que recordaba el de algunos telepredicadores. Tres eran las resoluciones que ha tomado este segundo Consejo de Ministros ordinario de la era Zapatero: la ley integral contra la violencia de género, el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el nombramiento de la nueva directora general de RTVE, Carmen Caffarel.

 

Según De la Vega, "hoy la sociedad española planta cara a la violencia contra las  mujeres, una de las peores lacras y una de las mayores vergüenzas y escarnios de la sociedad española… El Gobierno lanza hoy dos mensajes a la sociedad. El primero, que las víctimas contarán con todo el apoyo posible; y el segundo a los maltratadores: si se atreven a agredir a su pareja tendrán enfrente a todos los españoles".

 

El nombramiento del nuevo fiscal general del Estado fue presentado así: "Hoy se recupera la independencia de la justicia. El nuevo fiscal general del Estado -repitió-, no del Gobierno ni de un partido, contará con todo el apoyo de este Gobierno y de todos los ciudadanos y ciudadanas".

 

El nombramiento de la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, también mereció glosa apocalíptica: "Hoy es el principio del fin de la televisión de Partido. Hoy es el día en que el derecho a la información prevalece sobre intereses partidarios". Luego anunció la creación del prometido Consejo de expertos, que elaborarán un informe sobre la futura radio y televisión públicas. Un informe que deberá estar acabado en nueve meses y que afectará tanto a contenidos como a financiación. Los cinco componentes de este Consejo serán: Enrique Bustamante, Victoria Camps, Fernando Savater, Fernando González Urbaneja y Emilio Lledó. Salvo el último, los cuatro anteriores han estado ligados o bien a la órbita del grupo Prisa o bien a la órbita del PSOE. Es fácil prever el resultado. Así que, por lo pronto, hemos conseguido, en una sola sesión del Consejo de Ministros, "tres avances en nuestra democracia: los derechos de las mujeres, la independencia de la justicia y unos medios de comunicación libres y de calidad".

 

Si se entra en la exposición de motivos del anteproyecto de ley integral sobre violencia de género, sólo se encuentra un refrito de las distintas normativas que en esta materia se han ido aplicando, y que, hasta el momento, se han saldado con un rotundo fracaso. El anteproyecto no dispone de la correspondiente memoria económica y vuelve a caer en los viejos tópicos sobre la violencia de género. Por ejemplo, atribuir la violencia psicológica exclusivamente al varón o no incidir en las actuales resoluciones que, en caso de separación o divorcio, otorgan en la mayoría de los casos la patria potestad de los hijos a la mujer. Ni que decir tiene que casi todos los malos tratos se producen cuando el matrimonio entra en crisis.

 

Naturalmente, el Gobierno Zapatero espera obtener un amplio consenso para sacar adelante esta ley. Parece claro que lo conseguirá. Otra cosa es que el éxito le acompañe.