• El president dice que "votarán seguro", pero admite que si cambia su plan pactará una respuesta con el bloque soberanista.
  • Torres-Dulce asegura que si saca las urnas, la Fiscalía tiene "todos los instrumentos del Código Penal".
  • Pero también matiza: depende del dictamen del Constitucional, que puede "suspender la consulta" o "establecer condiciones".
  • El delito de sedición, advierte, "supone el desarme absoluto del Estado constitucional".
  • Sáenz de Santamaría dice que "sigue trabajando", aunque hasta el propio fiscal desconoce "la hoja de ruta, el plan A, B o C del Gobierno".   

"No hay nada nuevo que decir. No hay cambios. No hay nueva posición". Así respondía esta mañana el portavoz de la Comisión Europea cuando los periodistas le pedían una valoración de la Diada y de su posición sobre la consulta soberanista. "No tenemos nuevos comentarios", añadía, lo que remite a la imposibilidad de una Cataluña independiente en la UE. Tampoco hay nada nuevo para Artur Mas (en la imagen), para el Gobierno, para los partidos que se han colocado en uno y otro lado con posiciones divergentes (Cataluña está partida en dos). Un callejón sin salida, en fin.

El president Mas sigue enrocado en que el 9 de noviembre "los catalanes votarán seguro, otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer". Bueno, ya tiene un matiz -que aventura una mínima distancia con Esquerra-, al que ha añadido otro: "Si las condiciones de la convocatoria de la consulta quedaran alteradas por la actuación de otros", pactará la respuesta con todos los partidos que apoyan la consulta: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP.

Lo que ha dicho Mas parece que contestaba, aunque no lo hacía, a lo que ha declarado, también esta mañana, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Ha asegurado que si Mas saca las urnas, la Fiscalía tiene "todos los instrumentos del Código Penal para ponerlos en marcha, como último recurso para supuestos de ruptura de la convivencia". Pero Torres-Dulce también ha añadido, como Mas, un matiz: toda la 'artillería' que empleen depende de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, porque, como explicaba ayer Hispanidad, el TC puede "simplemente suspender la consulta" o "establecer condiciones". Vamos, que si el alto tribunal incluye obligaciones que los dirigentes catalanes deben cumplir, podría dar lugar a un delito desobediencia u otro más grave, de sedición: "Supone el desarme absoluto del Estado constitucional".

El Gobierno, mientras, ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría "sigue trabajando para solucionar los problemas de los catalanes" y que el Ejecutivo se mueve con dos argumentos "diálogo y ley constitucional que es nuestro marco". Ese "seguimos trabajando" es interesante porque da la impresión de lo contrario, de que se está dejando llevar y, tal vez por ello, tienen sentido que Torres-Dulce haya dicho también que desconoce "la hoja de ruta, el plan A, B o C del Gobierno". ¿Existen

Mariano Tomás

mariano@hispanidad.com