A pesar de toda la batería jurídica que protege al presidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín, y a pesar de la oposición de la propia Fiscalía (oposición que también mantienen en el caso de las cesiones de crédito), la jueza Teresa Palacios se ha salido con la suya. La Sección 4ª de la Audiencia Nacional ha decidido que es Palacios quien tiene razón: Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui deberán sentarse en el banquillo por las indemnizaciones de los dos últimos, 44 y 108 millones de euros, respectivamente. La acusación considera que existe un delito social o, en otras palabras, que Emilio Botín utilizó dinero de los accionistas para pagar la marcha de dos personas que podrían resultar un problema a la hora de compartir el poder.