Con la aprobación del decreto para introducir en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria, populares y socialistas han dado un paso en la dirección adecuada, que debería abrir el camino a otras reformas de calado y necesarias tras el 20 de noviembre.
Una objeción de peso es que la reforma constitucional se pone en marcha en pleno mes de agosto y sin debate previo. Cierto. Y podría añadirse la humillación que supone que esta medida se produzca, a todas luces, al dictado europeo. Pero no será porque al Gobierno de Zapatero no se le haya advertido: formar parte del selecto club del euro implica hacer las reformas necesarias, o de lo contrario, las reformas vendrán impuestas desde fuera.
Ante la gravedad de la situación económica, también Italia y Francia han anunciado drásticas medidas en las últimas semanas, pero España va a ser el primer país comunitario que acometa la reforma constitucional demandada por Alemania, y el primer país también que se someta a las directrices comunitarias. Estamos, de facto, ante el embrión de un Gobierno económico europeo, asunto demasiado importante, como para introducirlo por la vía de los hechos consumados. Pero no es menos cierto que el país que quiera ser tomado en serio debe actuar como un socio fiable, y renunciar a la improvisación y a la arbitrariedad, tan características de los últimos 7 años de Gobierno en España.
José Morales Martín
