No se pierdan el comunicado que un grupo de madres que representan a más de 15.000 objetores de Educación para la Ciudadanía existentes en todo el país han hecho público el sábado 15. En verdad merece la pena leer su mensaje. Fue un redactor de Hispanidad quien preguntó al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, si estaría dispuesto a recibir a las madres de familias que han objetado contra EpC. El presidente dijo no tener conciencia de la petición pero que atendería a esas madres con "aprecio y respeto". Pues bien, dos meses después, con el curso escolar ya iniciado, Moncloa ha respondido a este grupo de objetoras: les recibirá el director adjunto del Gabinete presidencial. No el director, José Enrique Serrano, que tampoco es tan importante, sino el adjunto, cuyo nombre lamento desconocer. El segundo secretario, para entendernos, seguramente acompañado por algún ujier de Moncloa.
De todo esto nos hemos enterado el sábado 15, justo un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aceptara el recurso presentado por padres-objetores andaluces contra EpC porque puede atentar contra derechos fundamentales. En otras palabras, aunque el juicio comienza ahora, el Tribunal ya advierte dos cosas: que la objeción de conciencia, el derecho más odiado por el zapatismo, porque se resiste a su proyecto de ingeniería social, y que son los padres quienes deciden la formación que reciben sus hijos. Un principio jurídico que se apoya en otro que nada tiene de jurídico, sino moral: son los padres quienes, por regla general, más se preocupan de sus retoños.
Por tanto, no conviene olvidar dos detalles:
1.Sin objeción de conciencia no hay Estado de Derecho, La objeción por razones morales no es una derecho más, sino todos los derechos y libertades públicas en su punto de prueba.
2.El Gobierno, perdón, el Estado, impone sus principios, intereses, deseos y hasta caprichos, con la fuerza bruta del Boletín Oficial del Estado. En materia educativa, los impone tanto a centros públicos como a centros privados concertados. Con estos últimos, utiliza el chantaje del dinero. La ministra Mercedes Cabrera lo ha dicho claramente: al centro que no acepte impartir Educación para la Ciudadanía le quito el dinero, le asfixio económicamente, lo lamino… en nombre del Estado de Derecho.
Por tanto, ya es hora de recordar que, con el sistema de conciertos, la libertad de educación sencillamente no existe. Quien tiene el dinero tiene la sartén por el mango. Es preciso caminar hacia el cheque escolar.
Eulogio López
