No nos llamemos a engaño. El objetivo final de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año es que Pedro Sánchez obtenga el pasaporte necesario para llegar a 2020, para agotar la legislatura. Esa viene a ser su fantasía y su intención desde que llegó a La Moncloa hace algo más de siete meses, para lo que no ha dudado en, primero, aumentar las inversiones en Cataluña por encima de cualquier otra comunidad autónoma y, segundo, impulsar el gasto social contemplado en las cuentas públicas, que lo hace muy superior al de ejercicios anteriores tan sólo equiparables a los de 2009-2010, cuando el también Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha su ya famoso 'Plan E', del que por cierto, se han cumplido esta semana diez años; o los de 2012-2013, “cuando tuvo lugar el rescate público de las cajas de ahorro”, recuerdan los expertos. 

“Son los PGE más expansivos”, asegura el Ejecutivo, desde el inicio de la crisis, al menos, sobre el papel y ya sabemos que el papel lo aguanta todo.

El aumento del gasto no financiero será del 5,3%, hasta alcanzar los 325.000 millones, debido a la inclusión de varias medidas con aroma preelectoral, como la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas, la extensión de la educación pública de cero a tres años o el aumento de hasta un 2,75% en el sueldo de los funcionarios.

La política social aumenta en 12.600 millones. Se eleva, pues, al 57,3% del total. El Presupuesto consolidado para 2019 -el que incluye a la Seguridad Social y a los organismos autónomos- crece un 3,1%, de los 354.539 millones a los 365.520 millones. La mayor parte de esta cifra se la come el pago de las pensiones, 153.864 millones, el 42,1% sobre el total, un 6,2% más que en el ejercicio anterior y 42 euros de cada 100. La segunda partida de gasto es la destinada a sufragar los costes de la deuda pública (31.398 millones, que representa el 8,6%, medio punto menos que en 2018, y la tercera es el gasto en desempleo: 18.402 millones, el 5%.

El aumento del gasto no financiero será del 5,3%, hasta alcanzar los 325.000 millones, debido a la inclusión de varias medidas con aroma preelectoral

El incremento en pensiones de 9.000 millones de euros se debe a la subida del 1,6% generalizada, que afectará a 8,7 millones de pensionistas, así como a la subida del 3% en las pensiones mínimas y no contributivas. 

Por su parte, la subida del gasto en desempleo no se debe a que el Gobierno pronostique una mayor tasa de paro, de hecho considera que bajará en 2019 hasta el 14,0% -dos décimas menos de lo que pretendía reducirlo con la senda fiscal del 1,8%-, sino que el incremento del gasto se deberá principalmente a la recuperación del subsidio para los mayores de 52 años.

La partida destinada al pago de la deuda pública descenderá respecto al empleado en el año 2018 en medio punto y prevén que el ratio de deuda respecto al PIB baje hasta el 95,4% este año, incluso a pesar del menor crecimiento.

Los mayores incrementos en el presupuesto se han producido en el gasto destinado a la atención de la dependencia (ha aumentado un 59,6%), de 1.401 millones a 2.232 millones de euros, seguido del de acceso a la vivienda y fomento de la edificación (+41%) y del destinado a infraestructuras (+39,9%).

El gasto en educación ha subido un 5,9% hasta los 2.722 millones de euros; el destinado a cultura, un 9,7% y el de sanidad, un 1,7%.

La subida del gasto en desempleo se debe principalmente a la recuperación del subsidio para los mayores de 52 años

Pero el coste real que tendrían estos Presupuestos, de ser aprobados, podría ser considerablemente superior a lo que reflejan los números presentados. Aunque el Gobierno finalmente ha tenido que ceñirse a la meta de déficit del anterior Ejecutivo popular -un 1,3%-, su previsión es que la deuda pública siga cerca del 100% del PIB al cerrar el año. A ello se suma que instituciones como el FMI o la Comisión Europea dudan que finalmente se cumpla la previsión de ingresos, que consideran inflada. Esto no hace sino multiplicar los temores de que, como ya sucedió en la época de Zapatero, un aumento tan acusado del gasto termine resultando contraproducente en un momento en el que, además de la subida de tipos prevista por el BCE, la economía mundial no pasa por su mejor momento

Los números preparados por Hacienda incluyen una recaudación récord de impuestos (227.356 millones de euros, un 9,5% más que en 2018) y un ajuste fiscal. Por un lado, se sube dos puntos el tramo estatal de IRPF aplicable a las bases imponibles superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros, y también avanza en cuatro puntos el tipo de IRPF aplicable a las rentas del ahorro que estén por encima de 140.000 euros. Además, se fija un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas (y de un 18% para la banca y las compañías de hidrocarburos), pero se rebaja este gravamen del 25% al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros. Se reduce el tipo al 4% de los productos de higiene femenina y el de los libros, revistas y periódicos en formato electrónico. En el 10% se quedarán los servicios veterinarios, cuyo IVA bajará desde el 21% actual. El impacto de las medidas de ingresos supondrá una recaudación de 5.654 millones.