- La JUR no ordenó contabilizar las pérdidas del Popular.
- De esta forma, es imposible determinar la indemnización a la que tienen derecho accionistas y bonistas del Popu.
- Santander mejora la solvencia del nuevo grupo Santander-Popular con unas amortizaciones extraordinarias en las cuentas del Popular. Algo así como remozar la escalera con cargo al vecino.
- Y el prestigio de Deloitte no está como para tirar cohetes.
Cuando el pasado
6 de junio la JUR decidió aplicar por primera vez la regulación europea de resolución bancaria al Popular, lo hizo amparándose en un informe de la auditora
Deloitte. Informe que calificó de provisional y secreto, y secreto continúa, después de cuatro meses. Informe -aseguraba la JUR- que decía que el
Popular tenía un valor negativo de 2.000 millones de euros. Por esta razón, se amortizaron 2.000 millones de deuda subordinada: de ese modo todos los depositantes estaban asegurados en un escenario de liquidación del banco, aunque no hacía falta porque continuaba su actividad
como filial del Santander.
Con los 2.000 millones de euros anteriores y los 10.400 millones de euros de patrimonio neto (el importe que correspondía a los accionistas y bonistas en el banco) la JUR ordenó contabilizar una reserva indisponible en el balance de Popular, pero ninguna pérdida.
Las pérdidas ya se reconocerían más adelante, cuando llegase el informe definitivo.
Cuando se sepa la pérdida definitiva,
la regulación fuerza a imputársela a la reserva indisponible para, a continuación, liquidar a los accionistas y tenedores de
deuda subordinada el exceso de su contribución a la reserva sobre las pérdidas. ¿Y
a cuánto ascienden las pérdidas? Pues depende.
El propio Santander dijo el 6 de junio que la cartera del Popular
tenía una minusvalía de 7.900 millones de euros. Posteriormente, al cierre de cuentas del primer semestre de 2017, dijo que era de 7.200 millones de euros. Si así fuera, si finalmente el informe definitivo confirmara estas últimas,
el Santander debería abonar a accionistas y bonistas 5.200 millones de euros. Es por eso que ya el Santander, en las cuentas del primer semestre de 2017, aplica al Popular lo que no son pérdidas de éste: amortiza los fondos de comercio del
Popular (pero no los suyos), amortiza los activos por impuestos diferidos del Popular (pero no los suyos) y provisiona unos gastos de reestructuración
por integración del Popular. Total: 5.200 millones de euros. Es decir: Santander mejora la solvencia del nuevo grupo con unas amortizaciones extraordinarias en las cuentas del Popular. Algo así como
remozar la escalera con cargo al vecino.
La valoración definitiva arrojará la cifra que tenga que arrojar de valoración del Popular, pero
nunca incluirá esos conceptos con los que el Santander ha incrementado el deterioro de aquél en 5.200 millones de euros. Por otro lado, dado que la valoración provisional se hizo en 24 horas y la del Santander al cierre del primer semestre se realizó en un mes, todo sea que la definitiva se acerque más a esta última y eso no le apetece nada al banco que preside
Ana Botín: soltar 5.200 millones de euros.
Otro tema es quién va a hacer la valoración definitiva.
Parece razonable pensar en Deloitte, pero a lo mejor no quiere porque no es lo mismo afirmar algo de forma provisional que de manera definitiva. Ya me entienden. Por otro lado,
Delloitte está muy 'quemado' judicialmente en España. Estuvo imputado en el
caso Bankia y su nombre se ha visto muy afectado por otros casos. Se afirma, además, que ha perdido el favor del Sr. Guindos después de que se negara, por motivos
deontológicos, a realizar los 90 informes forenses que el FROB encargó para aparentar que hacía algo en la persecución de los
directivos de las cajas auxiliadas durante la crisis. Informes que finalmente aceptaron
KPMG y
PWC. Esta última convertida ahora en el especialista en fontanería económica del Gobierno.
Rodrigo de Silos
rodrigode@hispanidad.com
