Lo más significativo de la Junta de Accionistas de Caixabank, celebrada este viernes en Valencia llegó al final, en las votaciones. Al final, el Frob, o sea, el Gobierno, votó en contra de la remuneración de José Ignacio Goirigolzarri, que pasa de los 500.000 euros que cobraba en Bankia (renunció al variable), a los 1,6 millones. Y sí, como adelantó Hispanidad, Goiri buscaba el apoyo explícito del Gobierno a su remuneración, pero el Frob ni siquiera se ha abstenido.

La Junta fue larga: algo más de cuatro horas debido a las innumerables intervenciones de los accionistas o, mejor dicho, de los sindicatos. La queja principal no fue tanto el número de afectados por el ERE (8.300 trabajadores) como las condiciones propuestas por la dirección del banco. Los sindicatos -algunos llegaron a pedir la dimisión de Goiri- exigieron medidas no traumáticas y voluntariedad, y algunos de ellos les recordaron, tanto a Goiri como al CEO, Gonzalo Gortázar, las palabras del presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé: “Lo primero son los empleados; después, los clientes; a continuación, los accionistas y, seguidamente, la sociedad en general” porque “la vida es, por encima de todo, servicio”.

Los trabajadores mostraron con claridad su indignación, además, por el sueldo del presidente (1,6 millones), tres veces el que cobraba en Bankia (500.000 euros). Sin duda, las críticas de la vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, hicieron su efecto. ¿Qué estaba regulado por ser una entidad rescatada? Efectivamente lo estaba, pero también es cierto que Goiri lo aceptó voluntariamente, como le recordó un accionista.

“Queremos llegar a un acuerdo y remar en la misma dirección”, aseguró Gortázar en la réplica. El CEO, sin embargo, dejó claro que no es posible basar el ajuste exclusivamente en prejubilaciones: “sería descapitalizar la entidad”, aseguró.

“Hay que salir de esta crisis colectivamente y hacer esfuerzos entre todos, y espero que se actúe en consecuencia”, afirmó mientras tanto la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, desde Madrid. O sea, o se salvan todos, o ninguno. Un mensaje que choca con el del CEO de Caixabank: el ajuste de 8.300 es necesario para asegurar la viabilidad de la entidad a largo plazo. 

En cualquier caso, la hipocresía del Gobierno queda patente: por un lado, anima las fusiones bancarias, en este caso, demás, para librarse del marrón de su nacionalización de Bankia. Y luego, cuando esa fusión se produce y llega el imperioso despido de empleados, entonces el Gobierno se rasga las vestiduras.