El objetivo del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros celebrado este martes es mejorar el buen gobierno corporativo de las empresas que cotizan en bolsa. Pero una cosa es el objetivo y otra muy distinta, el resultado final.

Vayamos por partes. La norma, que traspone parcialmente una directiva europea, obligará a los fondos -instituciones de inversión colectiva (IIC)- a hacer pública su estrategia de inversión. Por ejemplo, si su inversión es a corto, medio o largo plazo lo que, dicho así, resulta positivo. La cuestión es lograr que los fondos lo cumplan.

Como también será complicado lograr que declaren para quién trabajan, que es otro de los puntos de la norma.

El texto, que modifica la ley de sociedades de capital, incluye las llamadas acciones de lealtad, es decir, permitir a los accionistas más antiguos -el umbral son dos años- duplicar sus derechos de voto. Con esto se pretende reforzar la estabilidad accionarial de las compañías frente a fondos buitre, oportunistas o activistas.

Uno de los puntos que suscita más controversia es la supresión de la obligatoriedad de presentar resultados trimestrales. Al parecer, rendir cuentas a los accionistas de cómo va el negocio y hacerlo cada tres meses no es positivo, porque puede fomentar la gestión cortoplacista. Ahora bien, publicar únicamente resultados anuales puede ser mucho peor y, sin duda, generará más inquietud entre los accionistas minoritarios, que no tendrán información directa trimestral de la evolución de su empresa.

Sea como fuere, el Gobierno le otorga a la norma unas cualidades que ojalá se cumplan: “va a contribuir a sostener el crecimiento económico, así como la creación de empleo y de valor para el conjunto de las sociedades”, ha sentenciado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda. María Jesús, te has pasado.