Desde finales del mes de mayo, la red de Cajamar funciona a pleno rendimiento, con todas las oficinas abiertas. Sólo un 20% de los servicios centrales sigue teletrabajando, pero por motivos de conciliación, al estar los niños en casa. Cajamar es una excepción y, de hecho, ya lo fue durante la pandemia. De las más de 900 sucursales que tiene, sólo cerraron unas 100, y en aquellos municipios donde tiene más de dos. El objetivo, durante estos casi tres meses, ha sido no dejar de atender a los clientes, muchos de ellos en entornos rurales.

Eso en cuanto a Cajamar, que no hay que confundir con el Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC-Grupo Cajamar), que este martes ha celebrado la Junta de accionistas de 2020. Durante su intervención, el presidente de la entidad, Luis Rodríguez, ha hecho hincapié en la misión de la banca cooperativa, especialmente relevante en momentos como el actual.

Como novedad, el Consejo de Administración de BCC-Grupo Cajamar ha incorporador a dos nuevos consejeros: Ana Núñez y Luis Fernández-Revuelta. La primera, experta en mercados, ha trabajado en Morgan Stanley y en Merrill Lynch Bank of America, mientras que Fernández-Revuelta es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Almería, y formador de directivos.

La Junta del BCC se ha celebrado este martes, pero la Asamblea de Cajamar se celebrará el próximo 25 de junio. No se prevén cambios, es decir, el actual Consejo Rector, presidido por Eduardo Baamonde, será reelegido por otros cuatro años.

Lo curioso es que esta asamblea, como todas las de las cooperativas de crédito, deben celebrarse de manera presencial porque así lo marca la ley. Una norma que en su día se planteó modificar el exministro Luis de Guindos, pero que finalmente quedó en algún cajón del Ministerio de Economía.

Y Nadia Calviño no ha hecho ningún amago para modificarla. Mejor así.