- La Procuradoría tiene vía libre para demostrar si la presidenta nombró a Lula ministro (ergo aforado) para evitar su acusación por Petrobrás.
- El expresidente brasileño lo niega todo, pero confirma que acatará el proceso.
- Mientras, Dilma promete al Senado que celebrará elecciones si detiene el impeachment.
- Pero su propuesta no prosperará: la mandataria tiene los días contados.
Dilma Rousseff tiene los días contados, en espera de que el
Senado certifique su defunción política, con el
impeachment, el próximo 25 de agosto. Pero su calvario no tiene visos de acabar ahí. El
Tribunal Supremo de
Brasil acaba de
autorizar la apertura de una investigación contra la mandataria brasileña y el expresidente
Lula da Silva por obstruir a la justicia.
Tras este visto bueno, la
Fiscalía, con apoyo de la
Policía federal, ya tiene vía libre para recolectar las pruebas que sustenten su acusación, esto es, los intentos de la presidenta de nombrar a Lula ministro (
ergo aforado) para eludir la investigación que pesa sobre él por el escándalo de
Petrobrás.
El proceso comenzó en mayo. Entonces, el
Procurador General de la República,
Rodrigo Janto, dirigió su acusación al Tribunal Supremo, pero el magistrado
Teori Zavascki la rechazó porque había utilizado grabaciones telefónicas no autorizadas de conversaciones mantenidas entre
Dilma y Lula. Así que Janto rectificó y, en el mes de junio, presentó de nuevo al tribunal su petición para iniciar la investigación, pero sin incluir las escuchas. Y
Zavascki acaba de aceptar. Ahora la piedra está en el tejado de la
Procuradoría, que tendrá que decidir, cuando acabe de investigar, si formaliza su
denuncia o
archiva el caso.
Los
abogados de Lula, en una pronta reacción,
niegan que su defendido haya practicado "cualquier acto que pueda configurar crimen de obstrucción a la Justicia", pero aseguran que el expresidente "no se opone" a la investigación
si el proceso es legal y respeta sus "garantías fundamentales".
Y
Dilma Rousseff, entre tanto, busca a contrarreloj una vía para librarse de su otro quebradero de cabeza, el
impeachment. En un último intento, la mandataria ha enviado este martes una carta al
Senado en la que pide que detenga el proceso porque, a cambio, ella convocará
elecciones anticipadas. Aparte de eso, la presidenta no dice nada nuevo en la misiva: sigue negando que maquillara sus cuentas públicas e insiste en su tesis del
golpe de Estado: "Un colegio electoral de 110 millones de electores será sustituido, sin la debida justificación constitucional, por un colegio electoral de 81 senadores. Sería un golpe seguido de una elección indirecta".
Daniel Esparza
