El informe anual del Banco de España publicado este jueves insta al Gobierno de Pedro Sánchez hacer reformas de calado, con el mayor consenso posible, y a hacerlas ya, con carácter de urgencia. No hay tiempo que perder y el Plan de Recuperación remitido a Bruselas no concreta lo suficiente y deja gran parte de la reforma fiscal en manos de los expertos, cuyo informe no estará antes de febrero de 2022.

Entre las medidas, el Banco de España insta a la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, a que lleve a cabo una reforma laboral, pero en el sentido opuesto al que pretende. En concreto, le propone que reduzca a la mitad el coste del despido y que, al mismo tiempo, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, implante la llamada ‘mochila austríaca’ como complemento al sistema público de pensiones.

Según el Banco de España, esto permitiría reducir la desigualdad entre trabajadores con contrato temporal y aquellos con contrato indefinido y, al mismo tiempo, dinamizaría el mercado laboral, auténtico agujero negro de la economía española.

El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos insiste, además, en la necesidad de retrasar la edad de jubilación. No es la primera vez que lo propone, lo que indica el poco caso que le ha hecho el Gobierno. Lo cierto es que Escrivá sabe que es imprescindible, pero no se atreve con ello.

En resumen: el Gobierno debe acometer reformas estructurales para reducir el déficit, agilizar el mercado laboral y asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

En cuanto a las previsiones, el Banco de España fecha el inicio de la recuperación a partir de la segunda mitad del año -coincide con Sánchez en que ya hay indicadores que invitan al optimismo-, pero avisa: no alcanzaremos el nivel de crecimiento pre-covid hasta finales de 2023, un año más tarde que la previsión del Gobierno.