-Sánchez se plantea incluso derogar la reforma laboral de Zapatero. -Iglesias pondrá a prueba el giro de Sánchez: votar 'no' al techo de gasto. -Rajoy teme el desgaste de la comisión del caso Bárcenas. -La Generalitat pide ayuda a los asesores fiscales. -Admitida la querella contra el despacho que fundó Montoro. -El Santander paró con 13.000 millones la sangría del Popular. -El fondo Elliott especula con los bonos de Popular. -Bruselas niega que se discrimine a Popular con el traje a medida italiano. -Bruselas cree que la liquidación de la banca véneta costará 8.000 millones. -El BCE exige a la banca planes de sucesión de sus cúpulas. -Bankia y BMN tienen pactados ya los detalles de su fusión. -Técnicas crece en México con un contrato de 447 millones. -La gestora de Paramés bate a la industria en sus tres primeros meses. -Más de 900.000 menores viven en hogares en los que ningún adulto trabaja, el doble que antes de la crisis. -Valdebebas saca al mercado un millón de metros cuadrados de oficinas con la vista puesta en el 'brexit'. -El CGPJ advierte de que la reforma hipotecaria se queda corta. -3.600 millones de deuda subordinada, en manos de clientes de banca española. -La SGAE liga su futuro a doblar la tasa a las teles, a 170 millones.   El Tribunal Supremo de EEUU anunció ayer que admite a trámite el recurso presentado por la Administración del presidente Donald Trump contra la suspensión judicial del veto migratorio impuesto por una orden presidencial a seis países de mayoría musulmana. Mientras resuelve el caso se levanta la suspensión de la orden, lo que permite que se aplique a todos los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen que no tengan un vínculo fiable con "una persona o entidad en EEUU". Trump celebró la determinación del Supremo y aseguró que es una "buena noticia para la seguridad del país". En cuanto a las exclusivas del día, el Gobierno británico hizo público ayer un documento de 59 puntos en el que establece los requisitos que deben cumplir los ciudadanos de otros países de la UE para poder permanecer en Reino Unido manteniendo buena parte de los derechos de los que disfrutan actualmente. La propuesta, presentada por Theresa May en el Parlamento, ha sido calificada de insuficiente por la UE y acogida con rechazo por España. La mención expresa a Gibraltar en el punto octavo del documento amenaza con volver a poner el contencioso del Peñón en el arranque de la negociación del Brexit. "El principio según el cual ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se aplica a Gibraltar sin un acuerdo previo entre Reino Unido y España no admite excepciones y afecta también a los derechos de los ciudadanos", advirtieron ayer fuentes diplomáticas españolas. (El País) El PSOE sigue girando a la izquierda en las formas y en el fondo. La Ejecutiva socialista mantuvo ayer su primera reunión con las direcciones de UGT y CCOO. En la misma, abordaron la derogación de la reforma laboral del PP, pero también de la que aprobó Zapatero en 2010, algo que sería «puramente retórico», según el PSOE. (El Mundo) Iglesias pondrá a prueba el giro de Sánchez: votar 'no' al techo de gasto. La formación morada quiere un ciclo corto y urnas cuanto antes al ser consciente de que el proceso de recuperación económica en el que ha entrado el país no supondrá viento de cola ni para su retórica incendiaria ni para sus esperanzas electorales. (La Razón) Rajoy teme el desgaste de la comisión del caso Bárcenas. Las conclusiones de Rajoy fueron otras: esta comisión no aporta nada en la lucha contra la corrupción; "busca un desgaste partidista del Gobierno" y da igual quién comparezca y quién no, quién declare y quién no, porque las conclusiones "ya las tienen redactadas los partidos". Y  concluyó: "Si la oposición sólo quiere hablar del pasado, nosotros hablaremos del futuro". (La Vanguardia) Los asesores fiscales se han convertido en una pieza clave para los planes de la Generalitat en el proceso independentista. El Departamento de Economía, que dirige Oriol Junqueras, lleva meses buscando complicidades en forma de reuniones con estos profesionales para conseguir que la Hacienda catalana gestione todos los impuestos. Las asociaciones de gestores fiscales piden que no se produzca un conflicto entre agencias tributarias. (El País) Admitida la querella contra el despacho que fundó Montoro. El Ministerio Público denunció la adjudicación a dedo de un contrato del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de 216.000 euros a Equipo Económico en marzo de 2012, sin sacarlo a concurso (finalmente se abonaron 90.000 euros, la primera fase del contrato). La juez citará a declarar al hermano del ministro y a sus exsocios, entre ellos el exsecretario de Estado Ricardo Martínez Rico. (ABC) En plena fuga de depósitos, el consejo de administración del Popular se vio obligado a solicitar la intervención del Banco Central Europeo el martes 6 de junio. Ante la sangría de liquidez que estaban soportando, sus responsables temían que al día siguiente no pudieran atender las enormes peticiones de dinero que estaban recibiendo en las oficinas, en la banca telefónica y a través de la web. Según fuentes del mercado conocedoras de la situación, el viernes y el lunes anteriores las retiradas ascendieron a 2.000 millones cada día. La cifra se elevó todavía más el mismo martes. Estos datos permiten entender la celeridad con la que se tomaron decisiones multimillonarias. De hecho, la fuga de depósitos no se detuvo con la intervención del BCE. Según las mismas fuentes, el Santander, comprador de la entidad enferma, se vio obligado a inyectar de inmediato 13.000 millones, en lo que supuso una transferencia de efectivo sin parangón. (El País) Elliott Management, una de las firmas más agresivas del mundo, negocia con otros fondos crear un frente común para pleitear contra la resolución de Popular y recuperar parte de lo perdido por grandes accionistas y bonistas extranjeros. El fondo es famoso por forzar a Argentina a pagar unos bonos 15 años después. (Expansión) Bruselas niega que se discrimine a Popular con el traje a medida italiano. La clave, según Bruselas, se encuentra en la solvencia de cada entidad, sus posibilidades de sobrevivir y el potencial impacto de su caída. Las explicaciones de la CE, el BCE y el MUR aguantan muy bien sobre el papel. Pero dejan un reguero de incógnitas sobre la tramitación de cada caso y alimentan la creciente sospecha de que las instituciones europeas disponen de gran discrecionalidad para administrar en función de los regateos con cada gobierno. (Cinco Días) (El Economista) El domingo por la tarde, nada más anunciarse que el Gobierno italiano movilizará 17.000 millones de euros para poder liquidar Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza sin que los acreedores sénior incurran en pérdidas, la Comisión Europea lanzó un comunicado en el que advertía que la cifra de Ayudas de Estado final sería una cifra "muy inferior" a las que podían deducirse de los importes nominales que se estaban barajando. Según pudo saber ayer EXPANSIÓN de fuentes comunitarias, la Comisión Europea espera que la cifra final de fondos públicos comprometidos ronde los 8.000 millones. El Banco Central Europeo (BCE) está apremiando a los bancos a que tengan un protocolo de sucesión para sus consejos de administración y sus principales ejecutivos –incluidos el presidente y el consejero delegado– que evite episodios de inestabilidad o crisis profundas de dirección. La fuerte recomendación, casi exigencia, del BCE se realiza a través del mecanismo único de supervisión (MUS), que ya hace un año publicó un informe sobre la gobernanza en las entidades bancarias en el que decía que había identificado "algunas instituciones en la que los planes de sucesión no estaban definidos o tenían margen de mejora". (La Vanguardia) Los consejos de administración de Bankia y de BMN celebraron ayer lunes reuniones en las que se abordó la integración mediante un canje de acciones de las dos entidades controladas por el Estado, según señalaron fuentes cercanas al proceso. "Está habiendo reuniones para tratar el acuerdo esta tarde aunque puede que el acuerdo finalmente no se alcance", indicó una de ellas al cierre de esta edición, cuando los encuentros todavía no habían terminado. Portavoces de las dos entidades no quisieron hacer comentarios. (El Economista) Técnicas Reunidas se ha adjudicado el contrato para el diseño, aprovisionamiento, construcción y puesta en marcha de un nuevo ciclo combinado de 875 megavatios (MW) en Guadalajara, México, con un valor total de alrededor de 500 millones de dólares (447 millones de euros al cambio actual). El proyecto está promovido por Fisterra Energy, una compañía del grupo Blackstone especializada en el desarrollo de infraestructuras energéticas, según informó ayer la compañía española. El plazo de ejecución es de 30 meses. (El Economista) Cobas Iberia, la gestora de renta variable española creada por Francisco García Paramés tras su abrupta salida de Bestinver, ha logrado una rentabilidad del 10 por ciento. La gestora de Paramés, con este resultado, ha batido al resto de la industria y para ello solo ha necesitado sus tres primeros meses de vida. Elecnor, Vocento y Semapa son las compañías que más pesan en el fondo. (El Economista) El 10,9% de los casi 8,3 millones de menores que residen en España lo hacen en hogares en los que ningún adulto tiene un empleo. La cifra, a pesar de que se ha reducido de manera sensible en los últimos años, es todavía el doble de la que se registró antes del inicio de la crisis y, en términos absolutos, supone que más de 900.000 bebés, niños y jóvenes de 0 a 17 años viven en una grave situación de vulnerabilidad. (El Mundo) Valdebebas saca al mercado un millón de metros cuadrados de oficinas con la vista puesta en el 'brexit'. (Cinco Días) El CGPJ advierte de que la reforma hipotecaria se queda corta. (Cinco Días) 3.600 millones de deuda subordinada, en manos de clientes de banca española. (Cinco Días) La SGAE liga su futuro a doblar la tasa a las teles, a 170 millones. Como consecuencia de esta negociación y hasta que se logre un acuerdo, determinados operadores están realizando ya pagos a cuenta de la tarifa que finalmente se pacte, pagos que se sitúan entre el 85 por ciento y el 72 por ciento de los que correspondería realizar aplicando la anterior. (El Economista) José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com