Exclusivas de la prensa de papel (26/11/2019)

Los accionistas de Unicaja y Liberbank toman la iniciativa para reactivar una posible fusión entre las entidades. Quieren impulsar un punto de encuentro en el canje de acciones antes de involucrar a los consejos de administración de los bancos. El plan de los accionistas pasaría por emitir cocos por unos 500 millones de euros y deuda subordinada por otros 300 millones. Unicaja y Liberbank han reforzado sus niveles de solvencia y han acelerado la limpieza de sus balances en el último año. (Expansión)

Iberdrola está dispuesta a dar un salto de gigante en Reino Unido y ha decidido abrir la COP25 de Madrid a lo grande. La compañía eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán promoverá, a través de su filial Scottish Power Renewables, un macrocomplejo eólico marino, denominado East Anglia Hub, que sumará una capacidad instalada de 3.100 megavatios (MW) e implicará una inversión aproximada de 6.500 millones de libras (más de 7.600 millones de euros). Esta infraestructura de energías renovables será una de las mayores del mundo e incorporará los tres desarrollos que Iberdrola tiene en cartera. El grupo iniciará la construcción en 2022 y prevé que las obras duren cuatro años. (El Economista)

El expresidente de BBVA, Francisco González (FG), no pasa por sus mejores momentos. La semana pasada, además de tener que declarar como imputado en el 'caso Villarejo', el registro mercantil desveló las cuentas de su patrimonial, Belegar Inversiones, correspondientes a 2018. Una cuentas nada positivas. La firma del banquero multiplicó por casi diecisiete sus pérdidas, hasta los 8,26 millones de euros. Según explica en la documentación pública, la compañía se anotó un deterioro de 8,7 millones por distintas participadas, que no especifica. Pero, hay que tener en cuenta que la inversión más relevante de FG a través de la instrumental es BBVA y que las acciones de la entidad bajaron en 2018. (El Economista)

Air Nostrum y SNCF, favoritos para competir con Renfe en el AVE. (El Economista)

El reto tecnológico no es exclusivo de España, sino que es compartido también por la Unión Europea. Así lo expresa Mariya Gabriel (Bulgaria, 1979), comisaria europea de Economía y Sociedades Digitales, que desgrana en ABC los pros y contras de la economía del futuro. Esa en la que la digitalización es –y será– la tónica dominante. (ABC)

El Supremo decidirá qué gastos podrán deducir las empresas en Sociedades. (Cinco Días)

La Audiencia Nacional avala que las empresas amplíen la jornada de sus trabajadores en aplicación de la nueva obligación del registro horario. Así lo establece en una sentencia, a la que he tenido acceso EXPANSIÓN, que afecta a la aseguradora Zurich en el conflicto que planteó UGT contra el acuerdo que alcanzó la empresa con CCOO por el que se consensuó la ampliación de la jornada diaria de los trabajadores en media hora. El incremento se planteó en el marco del acuerdo sobre el registro horario, con lo que no pasó el trámite del convenio, necesario a juicio del sindicato recurrente. Se trata de uno de los primeros conflictos colectivos que ha suscitado el registro horario, que entró en vigor el 12 de mayo. (Expansión)

Según la última estadística de la Agencia Tributaria, las grandes empresas tributaron Sociedades a un tipo efectivo sobre el resultado contable –sobre el beneficio total– del 7,7% en el año 2017, la mitad de lo que pagaron microempresas (14,71%) y medianas empresas (14,07%), y once puntos menos de lo que lo hicieron las pequeñas empresas (18,37%). Pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no está de acuerdo con estos datos. Según sus cálculos, España tiene un tipo efectivo en Sociedades de un 24,8%, un 23% más que la media europea. Por ello, la metodología utilizada por la AEAT ha vuelto a verse salpicada por la polémica, ya que los resultados cambian según se aplican los tipos impositivos sobre los beneficios o sobre la base imponible. En este último caso, y según la Agencia Tributaria, las grandes empresas pagaron un 19,93%, también por debajo de lo que pagaron las empresas de mediano tamaño (21,55%), las pequeñas empresas (23,15%) y las microempresas (22,99%). (La Razón)

El decretazo del actual Gobierno en funciones publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado carga en el recibo de la luz unos 7.000 millones anuales de retribución a las empresas de energías renovables hasta 2031. Con la medida salva al sector de la bajada de tipos de interés y se imposibilita un recorte en el recibo de la luz de en torno al 5%, según expertos consultados por EL MUNDO. (El Mundo)

El pasado mes de enero el salario mínimo interprofesional (SMI) aumentó hasta los 900 euros mensuales fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos que supuso la ruptura de un acuerdo vigente entre el Gobierno de Mariano Rajoy, empresarios y sindicatos. Pasados diez meses la estadística refleja que el incremento del 22,3% aplicado desde primeros de año, el mayor desde 1977, ha hecho estragos en forma de desempleo en uno de los colectivos más vulnerables. Modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. En apenas un mes, de diciembre a enero, la nómina de la empleada se encareció en casi 200 euros cada mes, aumento al que hay que sumar también la subida correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social de la trabajadora contratada. (ABC)

Aún no se han constituido las nuevas Cortes surgidas de las elecciones del 10 de noviembre, ni por tanto el Rey ha llevado a cabo la ronda de consultas previa a la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno, como dicta la Constitución. Pero Pedro Sánchez actúa como si lo fuera desde el día siguiente a los comicios, e incluso se va conociendo la composición de su eventual Consejo de Ministros. En el Partido Popular no salen de su asombro ante la actitud de Sánchez. Fuentes de este partido consideran absolutamente «lamentable» el comportamiento que está teniendo Sánchez con el Jefe del Estado, y le acusan de saltarse a la torera todos los protocolos y las formas fijadas en la Constitución. (ABC)

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos continúa. Cada formación política dominará en exclusiva los ministerios que les correspondan. Los de Pablo Iglesias, así, disfrutarán de exclusividad en el manejo de sus carteras, ya que en sus departamentos solo habrá, en cargos y puestos intermedios, los miembros que decida cada uno de los partidos, sin mezclas ni cócteles ideológicos. (El Economista)

Las bases de ERC no rompieron el plan previsto y avalaron que los republicanos exijan a Sánchez una mesa de diálogo «CataluñaEstado» para una abstención. El 95% de la militancia votó «Sí» a rechazar un apoyo sin condiciones. En Moncloa esperan rebajar las expectativas de los independentistas, pero ya reconocen preocupación ante la posibilidad de que la investidura se frustre si las demandas son de máximos como un referéndum. (La Razón)

Los socialistas catalanes ven en la culminación del Pacto del Insomnio entre el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo imprescindible vía abstención de ERC, una oportunidad para ganar poder institucional y colocar a más dirigentes en puestos claves de la gobernabilidad de España. Una posición de influencia que el PSC quiere aprovechar para garantizarse en la próxima legislatura ministros más "suyos", ya que Josep Borrell nunca fue considerado, pese a ser muy querido por militantes y votantes, un hombre de la estructura orgánica de los socialistas catalanes. De hecho, Iceta cortó de raíz las pretensiones de un sector minoritario del PSC para que Borrell fuera el candidato por Barcelona en las generales del 28-A, en vez de Meritxell Batet. (El Mundo)

Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) exigía a las empresas vinculadas al caso del 3% un "sello de catalanidad" como condición sine qua non para recibir contratos públicos. La formación que presidía Artur Mas elaboró una lista de "empresas nacionales" a las que podía otorgar licitaciones y en la que excluía, de inicio, a las constructoras radicadas fuera de la comunidad autónoma. La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha documentado la existencia de estos requisitos a través del análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos a diversos empresarios y altos cargos nacionalistas. (El Mundo)

La Junta de Andalucía pagará la defensa de gran parte de los acusados (tantos de los absueltos como de los condenados) en la macrocausa de los ERE. Varias sentencias así lo disponen y la administración autonómica ha empezado ya a hacer frente a las reclamaciones de los procesados, entre ellos las de Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez, según fuentes del Gobierno andaluz. Solo cuando haya una resolución firme del Tribunal Supremo que demuestre que actuaron contra el ordenamiento jurídico podrán pedirles la devolución del dinero. (El Mundo)

Los documentos secretos del régimen chino obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y a los que tuvo acceso este diario con otros 16 medios internacionales, arrojan luz sobre el masivo sistema de vigilancia informática que Pekín usa para controlar a la minoría musulmana uigur. El régimen persigue, según los archivos, a los usuarios de la aplicación Zapya, de los que localiza a casi dos millones en un año. Los datos de esta y otras fuentes informáticas confluyen en una plataforma integrada de espionaje, punta de lanza de la represión china. (El País)

Por una exigua mayoría, siete de los doce magistrados rechazan el recurso de Rajoy al Código Civil catalán. Los jueces discrepantes advierten en votos particulares de que se están «invadiendo» competencias del Estado. (ABC)

Según fuentes jurídicas, el Pleno se reunirá este miércoles para debatir si el alto tribunal tuvo que permitir a Junqueras acudir al Parlament. El borrador de ponencia se inclinaría por admitir el recurso del dirigente independentista, condenado por el Tribunal Supremo a una pena de 13 años de prisión por un delito de sedición. (La Vanguardia)

Tras la celebración del referéndum, el ritmo de afiliación a la Seguridad Social comenzó a moderarse y, además, a caer de manera notable respecto a la Comunidad de Madrid. (El Mundo)