(Exclusivas de la prensa de papel 17/11/2021) Más de 660.000 pacientes esperan 121 días de media para operarse en España

La pandemia ha golpeado los cimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Quince meses después de que estallara en España, 661.162 pacientes estaban pendientes de someterse a una intervención quirúrgica. Y lo hacían una media de 121 días, aunque en un 18,9% de los casos el tiempo que tenían que esperar superaba de forma holgada los seis meses. En algunas especialidades médicas, la situación era incluso mucho peor. La demora para una cirugía plástica en el conjunto del país alcanzaba, por ejemplo, los 286 días; para neurocirugía, 185 días, y para cirugía torácica, 157 días de media. Así lo refrendan los últimos datos recopilados por el Ministerio de Sanidad sobre la situación de las listas de espera en el SNS a 30 de junio de este año, justo cuando España se adentraba en la mortífera quinta ola de la pandemia de Covid-19. (La Razón)

Iñigo Fernández de Mesa (Madrid, 1967) preside la Comisión de Economía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y se pronunció en contra de aprobar la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Comité Ejecutivo de la patronal del lunes. «El llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional no arregla nada y es contraproducente. Es un parche que pone Escrivá. Recauda hasta 2.000 millones de euros para tapar un déficit de la Seguridad Social que supera los 20.000 millones. No es sostenible. Hablaremos con Bruselas, porque es una irresponsabilidad que se apruebe una reforma de pensiones así», declara a este diario Fernández de Mesa. Además de vicepresidente de CEOE, preside el banco Rothschild en España y tiene experiencia con la Comisión Europea y los ministros del Ecofin, ya que fue secretario de Estado de Economía y antes responsable del Tesoro entre 2012 y 2016. (El Mundo)

«La UE aceptará la reforma laboral sin el apoyo de la CEOE». Pese al choque en pensiones, el Gobierno cree que el mismo argumento que utilizan con sus socios, «no les queda otro remedio», le servirá también para sacar adelante una reforma laboral, de mínimos, que permita pasar el examen de Bruselas. Y con las negociaciones abiertas en canal, desde el Gobierno combaten la sensación de inestabilidad creciente. Sostienen que sus socios no tienen alternativa a mantener el Gobierno de coalición, y que esto les obliga a colaborar para que España pueda cumplir con Bruselas. (La Razón)

Las cotizaciones patronales, de las más altas de la UE. Los empresarios españoles abonan 1,7 puntos más que sus colegas. La cuota de los trabajadores es, sin embargo, 2,6 puntos inferior. (Cinco Días)

Yolanda Díaz, vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, está preparando a la Inspección de Trabajo para vigilar de forma muy estrecha la aplicación en las empresas de la reforma laboral, que está negociando con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. Este el mensaje que se desprende del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Varios de esos puntos van en es esa dirección. (Expansión)

Yolanda Díaz: “Las empresas pueden ser flexibles, pero los trabajos deben ser dignos”. Aseguró que
“el diálogo social existe”, y confía en que culmine “con un acuerdo de todas las partes”. (Expansión)

La negativa de los empresarios a rubricar la subida de las cotizaciones del 0,6% durante diez años para engordar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y hacer frente a las jubilaciones de los «baby boomers», los nacidos entre 1958 y 1975, que dispararán hasta los 15 millones la cifra de pensionistas en 2048, estaría avalada hasta por el Pacto de Toledo. Incluidos el PSOE y Podemos, que firmaron las conclusiones. Y es que, en su veintena de recomendaciones, el Pacto de Toledo especifica claramente que la llamada hucha de las pensiones« no debe ser el instrumento para afrontar los desequilibrios estructurales del sistema». (La Razón)

La nueva cotización creada por el Gobierno para rellenar el Fondo de Reserva de las Pensiones elevará los costes laborales en 2.000 millones de euros anuales sin suponer un elemento claro de equilibrio para el futuro sistema de pensiones. Ni por el lado de la equidad generacional ni por el de la contributividad de quienes elevarán las aportaciones sin que eso se refleje en unas mayores pensiones. (El Mundo)
Las bases máximas de cotización subirán hasta 60.000 euros en 25 años. La base de aportación de los salarios más altos aumentaría un 22,8% desde los 48.840 a los 60.000 euros anuales. Supondría un incremento anual de 0,9 puntos. (Expansión)

Rechaza una enmienda a los Presupuestos que pedía flexibilizar las exigencias para justificar estos gastos en la declaración. UPTA denuncia agravios comparativos con las empresas, que sí pueden hacerlo. (La Razón)

Una a una y hasta superar las mil. El Gobierno ha aplicado sin contemplaciones el rodillo para vetar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y, con ello, ha levantado un enorme enfado en los grupos parlamentarios, porque sus propuestas mueren sin llegar a poder ser debatidas. Esa queja ha quedado ahora plenamente reforzada. Los letrados del Congreso han dado la razón a la oposición en dos informes en los que ponen en el disparadero la política de vetos masivos por parte del Ejecutivo, la cual reprochan por un empleo excesivo de un mecanismo diseñado para evitar que las propuestas disparen los gastos o que hundan los ingresos y que ha servido para tumbar enmiendas que no tendrían que verse afectadas. Esos dos documentos de los letrados adscritos a la Comisión de Presupuestos del Congreso, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, recopilan más de 400 enmiendas que tendrían que haber continuado vivas en este trámite en lugar de haber sido descartadas sin más explicaciones por parte del Gobierno. (El Mundo)

La tardanza en la concesión de las ayudas que gestionan la SEPI para las grandes empresas y el fondo Cofides para las pymes tiene en vilo a numerosas empresas turísticas. Al menos una veintena de las más de sesenta compañías que han solicitado fondos a la SEPI desde que se puso en marcha este mecanismo de rescate hace casi año y medio, y que cuenta con una dotación de 10.000 millones de euros, son de este sector. No es para menos, ya que los últimos datos que se conocen muestran que desde que estallara la pandemia la actividad turística ha dejado de generar 164.000 millones de euros. Empresas como Hesperia, eDreams y Air Nostrum son algunas que esperan una inyección de dinero para sobrevivir tras la pandemia, que han dañado en demasía sus cuentas. (ABC)

La Agencia para la Cooperación de Reguladores europea (Acer) ha asestado un fuerte varapalo a la propuesta presentada por España el pasado mes de octubre para reformar el mercado mayorista de la electricidad en Europa. Según el informe preliminar que la institución ha presentado a la Comisión, la propuesta supondría un incremento del riesgo de suministro para la Unión Europea, lo que deja prácticamente en vía muerta esta iniciativa liderada por España y que contaba con el apoyo de países como Francia o Grecia. El organismo justifica su rechazo a la propuesta de reforma en que al aplicar un tope de precios o un techo informado de precio medio, algunos de los actuales participantes en el mercado no podrán recuperar sus costes totales a lo largo del tiempo, lo que puede justificar su salida del mercado. (El Economista)

El retraso en el pago de la luz provoca un agujero en la caja de las eléctricas. Los hados parecen haberse confabulado contra el sector eléctrico en el último medio año. Tres normas que entraron en vigor en junio (la resolución de la CNMC por la que se establecía una nueva de estructura de peajes –las famosas tarifas por tramos horarios– y el RD del Gobierno con los nuevos cargos de la factura, ambos aprobados en marzo y aplicados en junio, así como el RDL del 24 de junio por el que el Gobierno redujo el IVA de la electricidad del 21% al 10%), hicieron saltar por los aires los sistemas informáticos de distribuidoras y comercializadoras. Otras medidas posteriores del Gobierno para aliviar la subida de la luz han seguido alimentando el caos. (Cinco Días)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prepara un golpe fiscal a las multinacionales de hasta 275.000 millones de dólares. El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí. (El Economista)

Santander Asset Management ha fichado como consejera delegada a la que hasta ahora era la responsable de clientes estratégicos y soluciones para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en BlackRock, Samantha Ricciardi. Ricciardi sustituirá a Mariano Belinky, que dejó la firma a finales de octubre “para afrontar nuevos retos profesionales”, como adelantó este periódico. Belinky ha fichado por la firma de capital riesgo Motive Partners. La nueva consejera delegada se incorporará a su puesto a finales de febrero, una vez se hayan cumplido los plazos obligados de transición de una compañía a otra. Ricciardi cuenta con más de 20 años de experiencia en firmas como BlackRock o Schroders y ha sido seleccionada tras un “intenso” proceso realizado por ejecutivos del grupo, miembros del consejo de la gestora y apoyo externo, en el que han contado con candidatos tanto internos como externos, según han señalado fuentes cercanas a la entidad. (Cinco Días)

"Desde un punto de vista financiero, la operación tiene indudable valor para nuestros accionistas. Hay un incremento inmediato del 14% en el beneficio por acción de BBVA y por tanto del dividendo que recibirá cada acción de BBVA. Además de eso, el retorno sobre el capital es muy elevado, porque la operación tiene una ventaja muy relevante, y es que el consumo en capital es muy bajo por el tratamiento ineficiente que la regulación da a los minoritarios en los ratios de CET1. De hecho, el consumo en capital sería de unos 1.400 millones de euros y no los 2.200 millones de euros que corresponden al máximo desembolso posible. En el medio plazo, la operación es todavía más atractiva, al sumarse el potencial de crecimiento de Turquía". (Expansión)

BBVA espera levantar 200 millones con su primer fondo de deuda privada. La rentabilidad estará cerca del 7%, a cambio de sacrificar liquidez. El banco gestiona 1.000 millones de euros en activos alternativos. (Cinco Días)

Iberdrola se ha puesto manos a la obra para tratar de desencallar la operación de compra de PNM Resources en Estados Unidos, que le permitiría crear un gigante de 40.000 millones en el país. La eléctrica ha presentado ante la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México un escrito, al que tuvo acceso elEconomista, en el que se muestra dispuesta a aceptar todas las modificaciones de su operación del documento de compromisos presentado el pasado 4 de junio así como los cambios realizados con las partes implicadas. Todos estos cambios suponen un coste de alrededor de 300 millones para la compañía española. (El Economista)

Inditex se está adaptando “muy bien a la presión inflacionista en costes. Su cadena de suministro centrada en Portugal, Marruecos y Turquía supone una gran ventaja frente al resto de rivales, cuya producción se concentra en Asia”, asegura Jefferies en un informe sobre el grupo textil. El banco de inversión espera que Inditex presente el próximo 15 de diciembre unos resultados del tercer trimestre –de agosto a octubre– muy sólidos, que incluyan unas ventas de 7.414 millones de euros, un 9,3% más que en el mismo periodo de 2019, y un ebit de 1.711 millones, un 13% más, lo que dispararía su margen operativo al 23,1%. (Expansión)

La acerera española, que no gustaba tanto a los expertos desde 1994, ha arrebatado en la última semana a ArcelorMittal el honor de ser el valor preferido para los analistas. (El Economista)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, agradeció ayer a Europa los 140.000 millones de euros destinados a España. “Los fondos Next Generation son el mayor esfuerzo que ha realizado Europa desde su nacimiento respecto a los Estados miembros, ejemplo de celeridad a la hora de afrontar los retos que nos deja el Covid-19”, explicó en la jornada Next Generation que organizó ayer el diario elEconomista en el Hotel Nelva de Murcia. (El Economista)

Que los gestores (388 han participado en la encuesta de noviembre, con un conjunto de activos bajo gestión de más de 1 billón de euros entre todos) vayan perdiendo el miedo a la inflación es significativo para los inversores, que llevan meses preguntándose si el incremento de los precios va a terminar forzando a los bancos centrales a endurecer sus políticas, con el impacto que eso puede tener para los mercados. (El Economista)

La futura Ley de Memoria Democrática, un proyecto emblemático del Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos, se tambalea por las exigencias de ERC. El principal aliado parlamentario del Ejecutivo, con 13 escaños, ha presentado una enmienda a su texto para derogar varios aspectos de la Ley de Amnistía de 1977, de manera que permita juzgar a los autores de los crímenes del franquismo y se pueda indemnizar a las víctimas de esos delitos. El PSOE considera inaceptable dicha enmienda y defiende que la Ley de Amnistía de 1977 forma parte del pacto constitucional, que no quiere vulnerar. Los socialistas buscaron ayer el apoyo de Ciudadanos (nueve diputados) para acercarse a la mayoría absoluta que necesitan en el Congreso para evitar que decaiga una de sus principales iniciativas legislativas. (El País)

PSOE y Unidas Podemos vuelven a tirar de Franco y endurecen la ley de Memoria. Los dos socios presentarán hoy enmiendas para reducir «la impunidad de los crímenes» durante la dictadura. El PSE se abre a pactar con Bildu tras las próximas elecciones autonómicas. (ABC)

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido una Comisión Rogatoria a Arabia Saudí con el objetivo de recabar información bancaria de los comisionistas de las obras del AVE a La Meca al margen del Rey emérito. Su objetivo pasa por determinar si con esos fondos fueron «sobornados funcionarios o autoridades locales» por parte de lobistas como Shahpari Zanganeh. La colaboración de este país es clave para poder continuar avanzando en la investigación que mantiene abierta el departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón sobre la polémica adjudicación de esta faraónica obra de ingeniería. Esta solicitud de información requerida por Anticorrupción discurre en paralelo a las diligencias tramitadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo por estos mismos hechos, pero que se centran en el papel desempeñado por el Rey Juan Carlos. (El Mundo)

El eco del adelanto electoral resuena con más fuerza en Andalucía tras conocerse el audio en el que el vicepresidente de la Junta y líder de Cs, Juan Marín, asegura en una reunión interna que resulta «estúpido» aprobar los Presupuestos en un año electoral. Sin embargo, este clima se viene alimentando desde mucho antes dada la escasa sintonía entre el Gobierno andaluz –integrado por PP y Ciudadanos– y Vox, el socio externo que, entre otras cosas, ha dado su respaldo a los tres Presupuestos anteriores. Al partido de Abascal le interesa el adelanto electoral porque las encuestas les dan un mayor respaldo respecto a los comicios de 2018, cuando entraron por primera vez en una Cámara autonómica de España. (La Razón)

El Tribunal de Cuentas ha dado un nuevo paso en el asunto de la acción exterior de la Generalitat y los gastos por el referéndum del 1 de octubre. La consejera y presidenta del tribunal Margarita Mariscal de Gante ha abierto la fase de enjuiciamiento, lo que supone que a partir de ahora se dará traslado a la Fiscalía y a las partes acusadoras personadas para que presenten la demanda formal contra la treintena de ex altos cargos del Gobierno catalán en las épocas de Artur Mas y Carles Puigdemont. Según la providencia a la que ha tenido acceso La Vanguardia, se emplaza a las partes personadas para que en los próximos días sean notificados oficialmente de paso a la nueva fase de las actuaciones “seguidas como consecuencia de presuntas irregularidades contables puestas de manifiesto en relación a diversas salidas de fondos destinados a afrontar los gastos para la realización de la consulta o proceso de participación ciudadana llevado a cabo en la Generalitat el 1 de octubre de 2017 y al destino dado a algunos de los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de Catalunya correspondientes a los ejercicios 2011-2017”. (La Vanguardia)

La Iglesia católica española se ha visto obligada a pagar al menos dos millones de euros en indemnizaciones a 173 víctimas de la pederastia en las últimas cuatro décadas, según los cálculos de EL PAÍS. La base de datos de este diario, la única existente ante la ausencia de cifras oficiales y de la propia Iglesia, registra los casos publicados o documentados en sentencias judiciales. Las sumas atañen a los abusos sexuales cometidos por 43 personas (20 sacerdotes, 17 religiosos, dos seminaristas y cuatro laicos). A diferencia de la Iglesia francesa, que ha reconocido oficialmente a unas 330.000 víctimas, la española no ha hecho públicos los casos que conoce. (El País)

Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso estarían a punto de cerrar la “guerra” abierta por el control del partido en Madrid. Responsables del Grupo Parlamentario Popular y dirigentes autonómicos próximos a la dirección nacional confirman que ambas partes han llegado a un principio de acuerdo por el que la cúpula de Génova con Casado y García-Egea al frente aceptan que Ayuso sea también la presidenta del PP madrileño, como ocurre con el resto de los barones regionales, con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como secretario general. (El Economista)