(Exclusivas de la prensa de papel 09/11/2021) El Gobierno asume que los Presupuestos para 2022 serán los últimos que apruebe el Ejecutivo

La tensión parece ya instalada de forma definitiva en el seno del Gobierno. Cuando no es la reforma laboral es una ley de Sanidad, o las llamadas devoluciones en caliente o la retirada del escaño al diputado morado Alberto Rodríguez... Suma y sigue y van... En el Gobierno ya hay quienes asumen que los Presupuestos para 2022 serán los últimos que apruebe el Ejecutivo. De ahí que se contemple un recrudecimiento de la relación entre los socios, que ya se aprecia, por la pugna de abanderar las medidas. Estos choques constantes han provocado que la desconfianza y el recelo se haya asentado en la coalición. La relación es, sobre todo, de conveniencia. A ninguno de los dos les interesa romper ahora la entente. Pedro Sánchez necesita tiempo para que la recuperación económica se perciba y llegue a los bolsillos de los ciudadanos –sobre todo que lleguen los fondos europeos– y Yolanda Díaz precisa de margen para armar su plataforma electoral, aún «en fase de escucha», según predican desde su equipo. A ello hay que sumar que, a día de hoy, la demoscopia fotografía un escenario de mayoría para la derecha. (El Mundo)

Todas las comunidades autónomas tendrán que invertir un millón de euros en cada una de sus provincias para levantar una Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. En la puerta del edificio colgará, obligatoriamente, el cartel propagandístico del Ministerio de Igualdad, y el añadido de «Fondos Europeos», aunque, luego, serán las comunidades autónomas las que tendrán que hacerse cargo de los gastos de personal, y, en sí, de la burocracia. Desde el ámbito autonómico cuestionan esta decisión del Gobierno de coalición como ideológico, pero tienen que cuidar las formas para que la crítica no resulte políticamente incorrecta dada la sensibilidad y la importancia del tema. (La Razón)

Solo en Andalucía y Murcia pesan menos los contratos temporales en la Administración que en las empresas. La pandemia impulsó la tasa de temporalidad pública hasta el 31,61% frente al 24,7% del sector privado. (ABC)

La gran mayoría de las comunidades, de uno y otro signo político, reclaman al Gobierno que mantenga en 2022 el fondo extraordinario de ayudas (de 13.000 millones de euros este año) para atender las necesidades sanitarias y educativas de la pandemia. Con la incidencia entre las más bajas de Europa y menos del 2% de camas hospitalarias ocupadas por enfermos de covid, las dificultades son hoy menos acuciantes, según el Ejecutivo. Pero hay otras partidas para las que las comunidades reclaman recursos: las listas de espera, el deterioro de la atención primaria y el refuerzo en las escuelas, entre otros capítulos. (El País)

El tributo es la principal fuente de ingresos local tras el IBI pero el nuevo modelo arroja rebajas de más del 50% en algunos casos y deja exentos otros supuestos. La FEMP avala el cambio pero pide revisar el sistema de financiación municipal. (Cinco Días)

La Unión Europa frenará la entrada de soja, madera y carne de vacuno entre otros productos que causan deforestación. Un reglamento, que se presentará el día 17 de noviembre, establecerá las condiciones que deberán reunir las importaciones de las materias primas y productos que están bajo sospecha de estar detrás de la destrucción de ecosistemas forestales. La iniciativa de la Comisión Europea responde a la demanda ciudadana creciente para que “el carrito de la compra” esté libre de productos que puedan estar relacionados con la deforestación. La soja (utilizada sobre todo para piensos en la ganadería industrial), el aceite de palma, la carne de vacuno y el cacao, así como la madera de la tala industrial son algunos de los productos que llegan a los mercados europeos con el estigma de causar deforestación. (La Vanguardia)

La cautela en las contabilidad es un mantra para la CNMV, y ni con Iberdrola ni con Acciona Energía va a hacer una excepción. Las dos compañías, con instalaciones renovables construidas antes de 2013, con una rentabilidad garantizada del 7,398% hasta 2030, se anotaban lo que ganaban de más al vender en mercado, sin tener en cuenta que ese exceso se descuenta de los futuros pagos asegurados por el Gobierno. Son las únicas dos grandes empresas que empleaban esta fórmula. Ahora deberán anotarse una contrapartida por esos ingresos, y las cuentas de 2020 deberán presentarse de tal forma que sean comparables, según la CNMV. (Cinco Días)

El empresario de origen marroquí Othman Ktiri ha decidido meter la quinta marcha en el proceso de crecimiento de OK Mobility Group, y para ello está empezando a mantener conversaciones con fondos de capital riesgo dispuestos a tomar una participación en el capital de la empresa mallorquina de alquiler de coches y vehículos de ocasión. Según fuentes de algunos de los inversores que están analizando la operación, el valor de OK Mobility podría situarse entre 400 y 500 millones de euros, acercándose a los 550 millones de euros que Europcar pagó por Goldcar en 2017. En principio, el objetivo de Ktiri es vender solo una porción minoritaria del grupo que fundó, en el que sigue controlando el 100%, pero no descarta ceder la mayoría si recibe una oferta atractiva, según explicó a EXPANSIÓN. (Expansión)

Jaime Siles gana poder en IFM. El español, que ha trabajado como hombre fuerte del fondo australiano en España y pilotado la opa sobre Naturgy, pasará a ser ahora el director de inversiones del vehículo de inversión en infraestructuras. Siles ha sido hasta ahora vicepresidente de IFM. Ha sido el encargado de coordinar el desembarco de este fondo de pensiones australiano en España. En 2018 se hizo con el 49% de Aqualia, accionariado que comparte con FCC. Ese mismo año se hizo con la división de concesiones de OHL. (Cinco Días)

Blackstone, uno de los grandes caseros del alquiler, ha puesto a la venta 3.100 propiedades destinadas actualmente al arrendamiento, valoradas en 361 millones de euros. El fondo estadounidense ha aprobado en la junta de su socimi Albirana, tal como adelantó la pasada semana Cinco Días, una reestructuración con el objetivo final de vender esas propiedades. De esta forma, la gestora reduce su posición en el mercado del alquiler y suma la operación a otra de venta de activos de Testa, actualmente en el mercado. (Cinco Días)

American Express (Amex), uno de los gigantes de medios de pago, eleva todavía más su apuesta por España después de que en 2018 decidiera fijar aquí su sede europea. Hasta entonces la mayoría de sus operaciones se realizaban desde Reino Unido. El gigante estadounidense va a contratar 400 empleados en Madrid a lo largo del próximo año con contratos indefinidos. La plantilla actual ronda las 750 personas. (Expansión)

La industria alimentaria muestra cada año un compromiso mayor para ofrecer referencias alternativas a los productos de origen animal. Grandes compañías del segmento plant based, como Unilever, así lo han puesto de manifiesto en el reciente congreso Veggie 2 Business celebrado en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. (El Economista)

Los fondos relacionados con la sostenibilidad han atraído 25.460 millones de euros, un 27% más que los relacionados con la tecnología, manteniendo la tendencia que ya vivieron el año pasado. (El Economista)

Tras un Black Friday histórico y una temporada de rebajas prenavideñas muy diferentes en 2020, los comercios reconocen que este 2021 toca levantar el pie del acelerador (incluso respecto a otros años) y ofrecer rebajas más moderadas. La crisis de suministro ha puesto en jaque sus stocks y existe el riesgo de desabastecimiento de muchos productos para Navidad. Por lo tanto, reconocen que tiene poco sentido entrar en agresivos recortes de precios en noviembre y defienden que toca ser más conservadores. (El Economista)

El Defensor del Pueblo considera que aún existen vías legales para esclarecer los 379 crímenes de ETA pendientes. Y así lo expuso ante la comisión de la Unión Europea que se desplazó a España la pasada semana para averiguar por qué más del 40% de los crímenes etarras no tienen aún autor. Denunció que «el 69% de las víctimas o amenazados en el País Vasco sufrieron aislamiento social, el 68% sufrieron control y vigilancia por parte de personas de la comunidad cercanas al entorno terrorista, el 74% recibió amenazas, el 79% sufrió desprecio, humillación y rechazo y el 90 % se sintió estigmatizado». Expuso a la delegación de la UE que el 76% de los asesinatos realizados por ETA durante los años de la transición (1978-81) y el 82% durante los años de la consolidación democrática (1982-95) «no generaron movilización social alguna de apoyo a las víctimas». (El Mundo)

Las víctimas del terrorismo, tras la misión de la UE: dudas y confianza. Advierten de que es posible que no “sirva de nada” si no van “sumario por sumario” o que las resoluciones chocarán con los intereses del Gobierno y sus pactos. (La Razón)

Recuerda que pese a la importancia que el debate público concede a las llegadas irregulares «espectaculares» las más frecuentes son por aeropuerto y con visado. (ABC)

Si Isabel Díaz Ayuso volviera a someterse al veredicto de las urnas hoy, mejoraría su resultado respecto a las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid: su candidatura atraería el 46,2% de las papeletas, casi un punto y medio más que las que obtuvo el pasado mes de mayo, lo que se traduciría en un grupo de 66 diputados en la Asamblea de Vallecas, uno más de los que tiene ahora y a sólo tres escaños de la mayoría absoluta. A diferencia de 2019, el alcalde de Madrid también ganaría esta vez las elecciones y su nómina actual de 15 concejales aumentaría hasta los 22. Aun así, José Luis Martínez-Almeida se mantendría todavía a una distancia considerable de la mayoría absoluta del Pleno de Cibeles –fijada en 29 ediles– tras cosechar el 35,4% de los sufragios, un 10,8% menos que los que lograría su partner, como hasta hace poco se refería a Ayuso. (El Mundo)

La injerencia rusa en el proceso independentista catalán ha entrado en la agenda del Parlamento Europeo como una preocupante evidencia, en paralelo a las nuevas revelaciones periodísticas y las investigaciones de los servicios secretos occidentales sobre la estrategia de «guerras híbridas» impulsada por Moscú para desestabilizar las democracias. Así lo recoge el informe de la comisión creada para analizar las campañas de desinformación y la injerencia extranjera en la Unión Europea (INGE), presentado como ponente por la eurodiputada letona Sandra Kalniete después de más de un año de trabajo. Este advierte del riesgo que suponen los contactos entre dirigentes independentistas catalanes y oficiales rusos y pide, por tanto, reclama que sean investigados a fondo. (El Mundo)

Salvador Illa (PSC): “Nadie debe tener privilegios en materia de financiación, tampoco los catalanes”. (Expansión)

Tal y como ha revelado en exclusiva EL MUNDO, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha elaborado un informe en el que sostiene que «de haber tenido en cuenta las condiciones desfavorables y las advertencias de los alertantes en cuanto a la gravedad del incendio del vehículo [...] el incendio no hubiese llegado a producirse o su dimensión hubiera sido mínima». (El Mundo)