Exclusivas de la prensa de papel (06/08/2019)

Renfe ha rediseñado el contrato de servicio a bordo del AVE y demás trenes de larga distancia para dar más funciones al personal externalizado. El operador ferroviario ha licitado así el concurso de los servicios de restauración y a bordo de los convoyes por 407,8 millones de euros, lo que supone un alza de hasta un 23 por ciento con respecto al contrato firmado con Ferrovial en 2013 y que ha estado salpicado por la polémica y las huelgas por los recortes, los despidos y los bajos salarios. El contrato de la compañía que preside Rafael del Pino, que termina este año, ha tenido una duración de seis años y un presupuesto inicial de unos 399,8 millones de euros, unos 66,6 millones al año, mientras que el nuevo tiene una duración máxima de cinco años (3 + 2 años de prórroga) y un gasto previsto de 81,5 millones al año. (El Economista)

La empresa pública Adif busca ser algo más que el tradicional administrador de la red ferroviaria, evolucionando hacia una plataforma para la movilidad en el actual contexto de nuevos modos de transporte urbano y ante la próxima entrada de nuevos operadores frente a Renfe. Y buena parte de su giro estratégico se cimentará en un mayor aprovechamiento de las estaciones. El modelo a imitar es el de Aena, que cuenta con una doble caja (ingresos aeronáuticos y comerciales) y debe un 28% de su facturación a negocios ajenos al tráfico aéreo. Adif, por contra, obtiene de los cánones que cobra a los operadores prácticamente la totalidad de sus ingresos. (Cinco Días)

El sector hotelero en España ha conquistado un puesto como líder a nivel internacional al que no está dispuesto a renunciar. Tras años cosechando récords en la llegada de turistas extranjeros, todo apunta a que, en los próximos años, esta carrera alcista se enfriará. Lejos de aflojar el paso, la industria redoblará su apuesta para que el turismo siga siendo una actividad tractora de la economía española. (Expansión)

Organizaciones profesionales que reúnen a más de dos millones de empleados reclaman a Trabajo que flexibilice el registro horario para que se adapte a la realidad laboral que se vive dentro de sus sectores. (Expansión)

La fiesta de la democracia no sale gratis, al contrario. Organizar unas nuevas elecciones generales tendría un coste mínimo de 139 millones de euros, a tenor del coste de la anterior convocatoria, que superó en un 6,3 por ciento al de las elecciones de junio de 2016. Ese incremento se debió principalmente al impacto del IPC. Es decir, a cada ciudadano con derecho a votar le costó cuatro euros. Toda esta partida incluye desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto o la propaganda política a los hogares españoles, hasta la impresión de las papeletas, los sobres, el refuerzo en la seguridad, el gasto que suponen las mesas electorales... En la última convocatoria electoral del pasado 28 de abril, al trabajo realizado por Correos se destinó 56,6 millones de euros, mientras que Indra –empresa encargada de distribuir la información de las juntas electorales y dotar del apoyo informático– ingresó 7,9 millones de euros. Sin embargo, el 42% del presupuesto fue a parar a las administraciones públicas, quienes pagaron el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Oficina del Censo Electoral, entre otras cosas. (La Razón)

Varias aseguradoras de Reino Unido ofertaban seguros de viaje que incluían una asistencia sanitaria ficticia, de tal forma que los turistas contrataban el servicio pensando que la póliza cubría la atención sanitaria en clínicas privadas. No obstante, la realidad es que ante cualquier percance médico, el seguro contratado no se hace cargo de los costes de la asistencia en un centro privado y los turistas británicos se ven obligados a acudir a centros públicos, según ASPE. La patronal acusa a estas aseguradoras de comercializar un servicio al que los ciudadanos británicos ya tienen acceso a través de la Tarjeta Sanitaria Europea. La agrupación, que representa a más del 80% de los centros hospitalarios privado, cifra el coste de la estafa en unos 100 millones de euros anuales para las clínicas. (La Razón)

El líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, fracasó en su primer intento de investidura pero asegura no tirar la toalla. Pese a ello, la estrategia que ha puesto en marcha para optar a una segunda oportunidad antes de que se cumpla el plazo para la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, hace, de momento, agua. No sólo no se detecta ningún movimiento en las posiciones de los distintos partidos sino que la presión del desbloqueo se concentra ya, casi en exclusiva, sobre él. (El Mundo)

El que fuera comandante general de Melilla, el general de División Fernando Gutierrez Díaz de Otazu, cabeza de lista del PP por la Ciudad Autónoma en las elecciones generales, será el nuevo portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa. El general, en situación de reserva, se verá las caras, entre otros, con el portavoz de Vox, el general de brigada de Infantería de Marina retirado Agustín Rosety Fernández de Castro, número uno en el partido de Abascal por la provincia de Cádiz. (ABC)

Desde asociaciones feministas se ha criticado con dureza las recomendaciones realizadas a las mujeres por la Ertzaintza para prevenir agresiones como las de La Manada de Bilbao, por considerar que se pone el foco en la víctima en lugar del delincuente y "hace responsables a las mujeres de las posibles agresiones que puedan sufrir". "Parece de tiempos pasados", señalaba este lunes la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella. "Ya está bien de hacer recaer toda la responsabilidad en la mujer". Entre las recomendaciones, la policía autonómica vasca insta en un folleto a "no aceptar citas a ciegas", como es el caso de la última víctima, que había contactado con uno de sus presuntos agresores a través de las redes sociales, y aconseja "evitar caminar por la noche en solitario o por lugares apartados o poco iluminados". "En definitiva, la que parece que no tiene libertad para caminar por la calle son las mujeres, mientras los violadores campan a sus anchas", dice Estrella. (El Mundo)

En 1980, ETA asesinó en Vitoria al político y candidato de UCD a las primeras elecciones al Parlamento Vasco José Ignacio Ustarán. Hasta hace poco era uno de los más de 300 crímenes sin resolver de la banda terrorista, pero el pasado mes de junio la familia respiró con cierto alivio al conocerse que la Audiencia Nacional reabría el caso. Una alegría que, sin embargo, se vio empañada de nuevo con los últimos homenajes a etarras del pasado mes, en los que las víctimas veían cómo los asesinos eran recibidos como héroes. Por este motivo, para que nadie reescriba la historia de ETA y sus asesinatos, la viuda de Ustarán carga duramente contra estos recibimientos y contra «la voluntad de pasar página» en lo que ella misma denomina «La dictadura del olvido». (La Razón)

Cómo la mujer de su hermano Pere es una pieza fundamental del 'ejército de espías de la lengua' que vigiló a 750 niños durante los recreos en 50 escuelas. (El Mundo)