Estado policial: Interior ordenó a la Policía investigar el origen de las caceroladas y ésta concluyó que se trata «claramente de un grupo espontáneo»

El Gobierno encargó a las unidades de inteligencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional que investigaran quién está detrás de las caceroladas contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo que vienen sucediéndose desde hace más de una semana. Según ha podido saber El Mundo, las primeras conclusiones de los agentes que han seguido el caso afirman que se trata «claramente de un grupo espontáneo», aunque sí deslizan que miembros del PP y Vox se han subido al éxito del movimiento. Vox ha convocado nuevas manifestaciones para el sábado en toda España. (El Mundo)

Pablo Iglesias no quiere que «gente de derechas» se concentre en la puerta de su chalé de Galapagar y amenaza con que que los próximos escraches pueden ser enfrente «del apartamento de Ayuso, de la casa de los Espinosa de los Monteros o de la de Abascal». Incluso, de la vivienda de algunos periodistas. El Ministerio del Interior ha reforzado en los últimos días la seguridad de su chalé en Galapagar con varias patrullas de la Guardia Civil después de que las caceroladas se trasladaran hasta la puerta de su casa, que cuenta con protección permanente. Anoche el dispositivo estuvo formado por al menos ocho vehículos y un buen número de agentes, que cortaron las calles adyacentes al chalé. (ABC)

La evolución de las protestas por todo el país no debería reducirse a un simple análisis de movilizaciones de corte extremista, según han empezado ya a alertar las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y, de hecho, es dentro del PSOE, en algunas de sus «baronías», donde se advierte de que el Gobierno debería enfocar con más seriedad esta «crispación», que puede ser sólo la punta del iceberg de un malestar más profundo que está germinando en buena parte de la sociedad. (La Razón)

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asistió el 18 febrero a una cumbre europea en la que varios colegas advirtieron de los graves riesgos que entrañaba el coronavirus. Francia previó un escenario severo. Alemania señaló que el mercado de equipos de protección estaba «vacío» y no había tiempo para producirlos. España no hizo acopio hasta casi un mes después. (El Mundo)

Sanidad conocía el 6-M la “altísima tasa de transmisión del virus” en eventos. El Ministerio alertó del riesgo en un informe borrado luego de su web. Simón y sus expertos abogaban por «medidas de salud pública» contra la propagación antes de avalar las concentraciones feministas. (La Razón)

Los familiares de las víctimas fallecidas por coronavirus en las residencias se preparan para librar una nueva batalla, esta vez, ante la justicia. Tras las devastadoras consecuencias vividas sobre todo durante las primeras semanas de la epidemia, la lucha contra el virus se trasladará a los juzgados donde se revisará si hubo actuaciones negligentes o desatención a los mayores en algunos geriátricos que merezcan algún reproche penal o una indemnización. La Fiscalía ha abierto 374 investigaciones, 211 de las cuales discurren por la vía civil y 163 lo hacen por la vía penal. En el punto de mira, sin embargo, pueden situarse miembros de los gobiernos central y autonómicos y responsables de los centros que se han encargado de la dirección de los geriátricos durante la pandemia que, según los últimos datos publicados, ha costado la vida de 18.426 ancianos que residían en los 5.447 asilos públicos y privados de todo el país. (La Vanguardia)

El titular de Salud del Gobierno de Nueva Democracia cuenta las razones del éxito heleno para detener la pandemia, que ha dejado hasta el momento 165 muertos y menos de 3.000 contagiados gracias a un confinamiento temprano. "Tomamos las medidas necesarias a tiempo y así protegimos a los ciudadanos. Designamos 13 hospitales de referencia en todo el país, realizamos más de 30 simulacros, nombramos un Comité Científico de Expertos y pusimos al frente a Sotiris Tsiodras, profesor de Enfermedades Infecciosas, como portavoz del Ministerio de Salud". (El Mundo)

El Gobierno balear que preside la socialista Francina Armengol ha adjudicado 8.238.100 euros a empresarios con sociedades offshore en Panamá y Malta para que adquieran material sanitario en China. De esta forma, sigue el controvertido criterio de selección empleado a nivel nacional por el Ministerio de Sanidad, que ha escogido para los grandes contratos relacionados con la pandemia a empresarios con sociedades opacas o ubicadas en paraísos fiscales. Según ha podido acreditar EL MUNDO, el Ejecutivo de las Islas ha otorgado 4.536.600 euros a la sociedad TyrvalImport y Export, radicada en Valencia y especializada en la adquisición de material para algunas de las principales cadenas hoteleras, desde sanitarios y grifería a climatización y equipamiento médico. (El Mundo)

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, va a aprovechar la futura Ley de Cambio Climático para atar en corto a REE y Enagás vigilando todos los movimientos corporativos que puedan realizar en compras o alianzas, tanto en el exterior como fuera de su sector. El argumento para este intervencionismo del Gobierno es que de esta forma se evita que posibles aventuras empresariales fallidas puedan dañar a España. (Expansión)

Gestamp, Cie Automotive y Antolin han optado por reforzarse financieramente y dejar a un lado los planes de crecimiento que han llevado a cabo en los últimos años y que les han convertido en líderes mundiales de la industria auxiliar del automóvil. Los tres gigantes, que poseen más de 350 fábricas en el mundo, han acumulado un escudo de liquidez de 3.500 millones para afrontar la crisis del coronavirus. Además, han llevado a cabo planes de recorte de costes y han puesto en revisión sus políticas de dividendos. (Expansión)

Abengoa, uno de los emblemas empresariales de la ingeniería en España, ha pedido la ayuda financiera del Gobierno para que, a través del ICO y de Cesce, apuntale un nuevo plan de reestructuración financiera y de negocio sin el que difícilmente podría salir adelante. El plan, cuyos primeros datos han sido comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se prevé que sea multimillonario. Podría superar, a priori, los 1.200 millones. (Expansión)

José Viñals (Madrid, 1954), tras una larga carrera de regulador en instituciones como el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional, es desde hace cuatro años el presidente de Standard Chartered, banco con sede en Londres y tentáculos por todo el antiguo Imperio Británico. Desde su casa en la capital inglesa, Viñals viaja cada día a través de reuniones virtuales con directivos del grupo en diversos países y reflexiona sobre cómo serán la economía y las empresas del futuro. (Expansión)

Las continuas improvisaciones del Gobierno en el proceso de desescalada y la falta de ayudas e incentivos a la actividad amenazan con provocar el cierre de nuevo de los pocos bares y restaurantes que han abierto en los últimos días sus puertas. Según confirman desde la patronal Hostelería de España, “en las zonas que han entrado ya en Fase 1 solo han abierto aproximadamente el 15% de los locales con terraza que podían hacerlo, pero la actividad es mínima y ante la falta de rentabilidad se están planteando ya volver a cerrar, porque es imposible mantener el negocio en estas condiciones”. Desde esta patronal del sector alertan, no obstante, de que “los locales que cierren se quedarán en una situación de total desamparo, puesto que ya no podrán volver a solicitar un Erte por causa de fuerza mayor”. (El Economista)

Los grandes hoteles urbanos planean dilatar su reapertura al menos hasta el mes de septiembre ante el bloqueo existente, por el momento, para la llegada de extranjeros a España, según indican fuentes del sector. Algunos de los buques insignia cinco estrellas de Madrid trabajan con esta hoja de ruta, dada su elevada dependencia del turismo internacional en comparación con los hoteles de tres y cuatro estrellas y en un contexto en el que, además, se vislumbra un verano sin congresos ni eventos. Se trata de una situación extrapolable a otras ciudades españolas sin oferta de sol y playa. No obstante, el escenario es cambiante y los plazos para la reactivación variará en función de las reservas. (El Economista)

En los próximos meses cerrarán 240.000 pymes, de las cuales 135.000 se han acogido a un ERTE. Ésta es la conclusión de un estudio de los gestores administrativos, que son los encargados, por parte de las empresas, de tramitar los expedientes. El estudio refleja que hay un millón de personas que no han cobrado nada desde marzo por el atasco de la Administración a la hora de gestionar los ERTE. (Expansión)

Protagonista de la actualidad económica del país, por su papel relevante en los acuerdos entre el Gobierno y los agentes sociales, Antonio Garamendi, presidente de la patronal de empresarios CEOE, ha mantenido un encuentro este martes con elEconomista, en el que valora la necesidad de que España pida el rescate a la UE “lo antes posible”, si sabe que no tiene dinero. Además, ha reflexionado sobre la utilidad incierta de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica o el alargamiento innecesario de la prórroga del estado de alarma. Convencido de que la financiación a las empresas, y especialmente a las pymes, es insuficiente, Garamendi se muestra diametralmente opuesto a una subida de impuestos en estos momentos, o a una renta mínima aprovechando Reales Decretos. Y añade, “si no hay Ertes hasta diciembre está clarísimo que esto va a ser un desastre”. (El Economista)

El espíritu empresarial ha entrado en hibernación en España, con una pérdida de confianza nunca vista desde que hay estadísticas en el Colegio de Registradores de España. Según el dato de abril, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la constitución de nuevas empresas el pasado mes cayó un 72,1%; y la ampliación de capital en las ya existentes, un 61%. El estado de alarma no fue un impedimento, según puntualiza a este diario el vicedecano y portavoz del Colegio de Registradores de España, José Miguel Tabarés. «Los registros mercantiles han permanecido abiertos y ha sido posible presentar la documentación necesaria, no sólo de forma telemática, sino en papel», asegura. (El Mundo)

Firmas internacionales de abogados están animando a empresas a que emprendan demandas de arbitraje de protección de inversiones internacionales contra los países que han adoptado drásticas medidas de confinamiento o restricciones de diferentes tipos que han afectado a la actividad económica, según las organizaciones Corporate Europe Observatory y Transnational Institute. España es uno de los países que ha adoptado medidas de ese tipo. (Cinco Días)

Las medidas de confinamiento por la pandemia de covid-19 han causado una caída de las emisiones de CO2 sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Las emisiones se reducirán este año entre el 4% y el 7%, según el estudio de Carbon Global Project. En España, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley de cambio climático, que prevé el fin del uso de combustibles fósiles en 2050. (El País)