La justicia lenta no es justicia y el caso Popular ya ha cumplido cinco años de instrucción en la Audiencia Nacional, primero con Fernando Andreu y luego con José Luis Calama. En verano, algunas fuentes apuntaron a un inminente final y comienzo del juicio oral, pero estamos en diciembre y no ha sucedido tal cosa.

El paralelismo con el caso de la salida a bolsa de Bankia es grande. Y recuerden: Blesa fue declarado inocente en 2020 y ratificado por el Tribunal Supremo en 2022, pero no le sirvió de nada porque ya habían pasado tres años desde que se quitara la vida, en julio de 2017.

El juez Calama se encuentra en una encrucijada. No encuentra a quien culpar por la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que realizó el Popular en 2016 y, al mismo tiempo, busca proteger al Estado para que no tenga que asumir la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), y al Santander, que se hizo con el Popular por un euro.

Hay que proteger al Estado -al Gobierno- y al Santander y la mejor manera es encontrando un culpable que asuma toda la responsabilidad. El problema es que, después de cinco años de instrucción, el juez Calama no lo encuentra

En otras palabras, si Calama no encuentra culpables, cualquier accionista del Popular podría reclamar al Estado y al Santander, basándose en la valoración que realizaron los peritos del Banco de España, que concluyeron que el Popu, patrimonio incluido, tenía una valoración de 11.000 millones de euros. Recuerden que el día anterior a su intervención, la entidad valía 1.300 millones de euros en bolsa.

Hay que proteger al Estado -al Gobierno- y al Santander y la mejor manera es encontrando un culpable que asuma toda la responsabilidad. El problema es que, después de cinco años de instrucción, no lo encuentra.

El argumento principal, como en el caso de la salida a bolsa de Bankia, es que hubo engaño en la precitada ampliación de capital, argumento que los propios acontecimientos, sin embargo, echan por tierra. ¿Cómo es posible que hubiera engaño, si el propio Consejo de Administración acudió a la misma con 500 millones de euros? ¿Se engañaron a sí mismos?

En cualquier caso, como en Bankia, la ampliación del Popu contaba con todas las bendiciones de los organismos correspondientes como el Banco de España y la CNMV, además del visto bueno de abogados y auditores. Si hubo engaño, ¿en qué lugar quedan?

En definitiva, el juez Calama alarga la instrucción del caso Popular con un objetivo: proteger al Gobierno y al Santander. Por cierto, pase lo que pase, Elke König ha destrozado todo el sistema de liquidación de bancos en Europa, la pieza clave de la Unión Bancaria de la UE.