El juez José Luis Calama, el mismo que se va a ocupar del caso Pegasus, ha solicitado al banco Santander que aclare la situación del Popu antes de la intervención europea (7 de junio de 2017). Sorprendente decisión porque ese día la Junta de Resolución Bancaria Europea (JUR) adjudicó el Popular al Santander por 1 euro, asegurando que no tenía viabilidad.

De entrada, hay que preguntarse qué es lo que pretende Su Señoría, si darle más rigor a su instrucción o seguir ganando tiempo (el proceso lleva más de cuatro años abierto). Porque lo cierto es que los peritos del juez, parte fundamental del entramado, dictaminaron que el Popular valía -tenía un patrimonio- 11.000 millones de euros. Y con un valor bursátil de 1.300 millones.

El BBVA ofertó 5.500 millones de euros por esas mismas fechas, y el Santander intentó utilizar la compra del Popular para hacer una ampliación de capital de 10.000 millones

El Santander, que se quedó el Popular, en ningún momento rebatió la valoración de los peritos.

Y en cualquier caso, meses antes de la intervención, como ya informara Hispanidad, el Santander quiso comprar el Popular por una cantidad que oscilaría entre 4.000 y 7.000 millones de euros. De hecho, Ángel Ron, entonces presidente del Popu, le respondió a Ana Botín que él no podía llevar al Consejo de Administración un abanico de tal magnitud.  Además, el Santander compraba el Popular por esa cantidad con una ampliación de capital prevista por valor de 10.000 millones de euros. En definitiva, Ana Botín no pretendía tan solo hacerse con el Popular, lo que pretendía era utilizar los activos del Popular para pedirle al mercado un dinero extra con el que ampliar su base de recursos propios. Y, ni qué decir tiene que una ampliación de ese calibre diluiría a los accionistas del Popular.

En cualquier caso, ahí se rompieron las negociaciones pero, miren por dónde, que el Popular era solvente y viable se demuestra por una segunda oferta y bastante más firme: el BBVA de FG ofreció 6.500 millones de euros por el Popular con un matiz: el propio BBVA advertía que, muy probablemente, la “due diligence” rebajaría esa cifra en 1.000 millones. En plata, que BBVA estaba dispuesto a pagar por el Popular 5.500 millones de euros. Tampoco esta oferta fue aceptada por el Popu.

Ambas proposiciones hubiesen sido un buen negocio para los compradores. Y ambas demuestran que la intervención del Popular con nocturnidad y alevosía no fue otra cosa que un atropello donde Europa quiso hacer valer su poder en un Estado miembro, de gobiernos bastante débiles -en aquel momento era el Ejecutivo de Mariano Rajoy- y como es, actualmente, el de Pedro Sánchez.

¿Qué pretende el juez? ¿Profundizar en la instrucción o esperar al fallo de Europa? 

Y la conclusión es la de siempre: la intervención del Popular fue una injusticia, pero, al mismo tiempo un gran fracaso. La JUR de Elke König utilizó al Popu como unas maniobras, con fuego real, para encontrar un sistema de resolución bancaria que fuera admitido por todos los países miembros de la Unión Europea. Y el método no era malo: no liquidar el banco afectado, que perdieran dinero los accionistas y no los depositantes y que el erario público no tuviera que poner un euro y regalarle la entidad a otro banco de ese mismo país con el fin de evitar suspicacias de corte nacionalista. Insisto, el método era bueno, lo que pasa es que se intervino, como ensayo preliminar, a un banco que era perfectamente solvente y viable. Encima, imagínense que ocurriría si el Tribunal Europeo de Luxemburgo (TJUE) sentenciara que la JUR, dependiente de la Comisión Europea e integrada en la galaxia del Banco Central Europeo (BCE) hubiera metido la pata. Sería una revolución en toda regla.

Pero no lo creo: entre bomberos nunca nos pisamos la manguera. Eurócrata es la JUR, eurócrata es el BCE y eurócrata es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.