La revisión del Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, dada a conocer el viernes por la tarde por la CNMV -que haya sido un viernes por la tarde ya dice mucho de su contenido-, se ha quedado en nada o menos que nada. Lo más probable es que el presidente del supervisor, Sebastián Albella, haya recibido muchas más alabanzas que críticas por parte de los presidentes del Ibex y ahora van a ver por qué.

En un momento como el actual, con el caso Villarejo abierto y amenazando la reputación corporativa de algunas cotizadas (BBVA e Iberdrola, por ejemplo), se esperaba más del encargado de velar por los accionistas, principalmente de los minoritarios.

Pero Albella, débil con el fuerte y fuerte con el débil -recuerden su papel en la ampliación del Popular y, después de la venta al Santander por un euro, sus declaraciones en sede parlamentaria-, ha optado por eludir cualquier medida concreta.

De esta manera, la recomendación número 22, dentro del apartado de dimisión de consejeros, queda diluida en nada: “Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad, que puedan perjudicar el crédito y reputación de esta y, en particular, que les obliguen a informar al consejo de administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales”. O sea, lo mínimo que, por sentido común, se le puede pedir a un consejero.

Albella tampoco se ha atrevido con uno de los aspectos más comprometidos de las juntas de accionistas: las remuneraciones de los consejeros. Lo cierto es que fue un paso importante obligar a las compañías a publicar lo que ganan sus consejeros, pero ahora tocaba dar el gran paso: convertir en vinculante el voto de la junta que, de momento, seguirá siendo consultivo.

Y se puede hacer. De hecho, está estipulado así en algunos estados norteamericanos, de tal manera que, a la hora de negociar la incorporación de un consejero delegado, se puede pactar una remuneración fija y dejar el variable -mucho más atractivo- en manos de la siguiente junta de accionistas.

La CNMV no se ha atrevido y, a cambio, ha dado un pequeño tirón de orejas: “La experiencia de los últimos años pone de manifestó que, en ocasiones, las estructuras de remuneración se han hecho excesivamente complejas, demasiado centradas en el corto plazo y carentes de una correlación razonable con los resultados obtenidos”, señala el documento.

Entonces, ¿qué medidas concretas aporta la revisión del Código de Buen Gobierno? Que antes de 2023, los consejos deben contar, al menos, con un 40% de consejeras (antes no había plazo) y que, hasta entonces, esa proporción no debe bajar del 30%.

Añade, asimismo, la recomendación de introducir métodos telemáticos de voto y asistencia a las juntas, algo que las grandes cotizadas ya han puesto en práctica durante la pandemia.

¡Ah! Y a partir de ahora, los consejeros que dimitan o sean cesados deberán exponer los motivos reales de esa circunstancia. Esgrimir ‘razones personales’ ya no es suficiente. Estamos salvados.