Comienza una nueva etapa en el retorcido caso del Banco Popular. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se está topando con demasiadas curiosidades y encima ha realizado un auto muy duro contra la petición de archivo presentada por la defensa del expresidente del banco, Emilio Saracho. Además, el juez ha centrado su objetivo en la directora de la Junta de Resolución, Elke König. Hay demasiadas cosas que el magistrado no está dispuesto a aceptar. La principal de ellas es cómo un banco que según los peritos del Banco de España poseía un valor patrimonial de 11.000 millones de euros y cuyo valor en bolsa superaba los 3.000 millones, puede venderse por 1 euro, con nocturnidad y en una presunta subasta en la que sólo se presentó un candidato. Si empezamos por el final, la única respuesta es que el Popular sirvió como maniobra con fuego real para la solución futura de crisis bancarias en la zona euro. Dado el desastre cosechado, de momento no se ha vuelto a poner en marcha en ningún país. 

Y lo segundo que mosquea a su Señoría es que la causa oficial de la presunta quiebra del Popular fuera por razones de liquidez. Y esto por un doble motivo, el primero general y el segundo particular. En ningún país de occidente quiebra un banco por falta de liquidez si no sufre de insolvencia. Para eso está, precisamente, el Banco Central Europeo (BCE). Y, en segundo lugar, porque no fueron los particulares quienes retiraron sus fondos del Popular entre abril y mayo de 2017, sino las administraciones públicas españolas, entonces a las órdenes del ministro de Economía, Luis de Guindos, hoy vicepresidente del BCE. 

Otra curiosidad, el responsable del FROB, Juan Torres Riesgo, realizó toda su carrera en el Santander, pero se 'autoevaluó'… y no encontró incompatibilidad

Así que, Calama ha centrado sus baterías en Elke König. De hecho, en el interrogatorio a Jaime Ponce, presidente del FROB, Calama llegó a preguntarle si el propio BCE no se había planteado abrirle un expediente a la jefa de la JUR. 

En teoría, König es alemana y ha sido protegida por el gobierno alemán para que renovara como directora de la JUR. En cualquier caso, un juez español puede solicitar la imputación de König. Otra cosa es que se la concedan. La respuesta la conoceremos en julio, cuando König venga a declarar a Madrid. Por lo demás, hay otras curiosidades en el caso Popular. La más importante de ellas es la actitud de Jaime Poce, presidente del FROB, por decirlo así, la 'delegación' del BCE en España. De sus palabras ante el juez cabe concluir que Ponce, al igual que el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, tenían claro que el Popular no estaba quebrado ni debía haber sido intervenido en ningún caso. De todos modos, Ponce le dijo al juez que había envíado dos correos (casualmente desaparecidos) a Elke König, afeándole su conducta. Pues la jefa de la JUR no tuvo mejor idea que declarar al Financial Times que el Popular podía estar en problemas. Los correos habrán desaparecido, pero Ponce así lo dijo ante el juez. 

El presidente del FROB, Jaime Ponce, reconoció hacer escrito dos correos afeando a König sus declaraciones contra el Banco Popular

Más curiosidades: no tan clara como la de Ponce fue la actitud de su colaborador en el FROB en la intervención del Popular, Juan Torres Riesgo. Se da la circunstancia de que Torres Riesgo realizó toda su carrera en el Santander y en julio de 2017 acababa de fichar por el FROB. El propio magistrado le preguntó si esa circunstancia le hacía incurrir en incompatibilidad. Sin despeinarse, Torres Riesgo le dijo que se había 'autoevaluado' y había concluído que no, que no tenía incompatibilidad alguna. Curiosísima forma de autoevaluación de incompatibilidades que seguramente pasará a la historia de la banca. 

Está claro que el Popular sirvió como conejillo de indias para un nuevo método de resolución en la Unión Bancaria Europea… y no funcionó

Y una última curiosidad: el fiscal del caso, Antonio Romeral, menos preguntón que el propio juez, trabajó a las órdenes de Jesús Santos, abogado de Emilio Saracho (y del PP en el caso Bárcenas), en la Fiscalía Anticorrupción. Lo cual no revela incompatibilidad alguna, pero es un hecho.