El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional es el encargado, y al que desembocan todos los casos de corrupción y terrorismo. Por eso, el magistrado Manuel García-Castellón es el juez que instruye el mayor número de macro causas, con gran diferencia sobre el resto de magistrados de la Audiencia. Hablamos, entre otros, de Púnica, Lezo, el caso de los CDR, Acuamed, el atentado yihadista de Barcelona, la relación de ETA con las FARC… en total, más de 170 causas. Casi nada.

Pero, sobre todo, instruye el caso Villarejo (o Tándem), desglosado en más de 20 piezas separadas que afectan a compañías como el BBVA, Iberdrola, ACS… Todo lo lleva García-Castellón, que en octubre cumplirá 68 años, y que cuenta con el apoyo de los magistrados Alejandro Abascal y Joaquín Gadea, este último nombrado en enero y sin funciones jurisdiccionales, lo que significa que limitará su actuación a labores de colaboración, asistencia o asesoramiento.

Sin dudar ni un ápice de la capacidad de trabajo de García-Castellón y Cía, las más de 170 causas parecen demasiadas para sólo tres jueces, algo que no ha pasado desapercibido a Carlos Torres, Ignacio Galán o Florentino Pérez. Mucho trabajo, además, para alguien a quien sólo le quedan dos años y medio para cumplir 70 años, edad a la que se tendrá que jubilar como juez.

El objetivo, entonces, está claro: agotar a García-Castellón, cosa muy distinta a presionar, que no está bien visto en general, y más aún si se trata de un juez. El magistrado, que no es tonto, también tiene sus armas y, por eso, el lunes levantó el secreto de sumario a la pieza Villarejo-BBVA. A García-Castellón le queda poco tiempo como juez, pero está dispuesto a retirarse con las botas puestas.

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