El contrato para realizar el escrutinio de las elecciones generales es prácticamente insignificante de cara a la cuenta de resultados de una empresa como Indra. Estamos hablando de 7,5 millones de euros, IVA incluido, que es la oferta presentada por la compañía que preside Fernando Abril-Martorell. El máximo contemplado en el pliego de la licitación era de 10 millones.

Llevar a cabo el recuento, la difusión de datos y ofrecer soporte durante la cita electoral del 28 de abril es una cuestión de prestigio, sobre todo para una empresa participada por el Estado (la SEPI posee el 18,7%) y que, salvo en 2015, siempre ha realizado esta labor. En diciembre de 2015, primeros comicios con Abril-Martorell en la Presidencia, la compañía presentó la oferta más cara y la firma catalana Scytl le arrebató el contrato. Aquello provocó una conmoción interna en la empresa y en las siguientes elecciones generales -junio de 2016- Indra recuperó el contrato después de rebajar un 40% su oferta.

La estrategia le ha vuelto a funcionar: además de obtener una puntuación técnica superior, Indra ha vuelto a ganar el contrato presentando la oferta más barata.