El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado la multa de 15.000 euros que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, impuso a la residencia de menores de Segorbe, dirigida por las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.

Oltra ordenó el cierre del centro después de que salieran a la luz informaciones que apuntaban a que un educador del centro podría haber cometido abusos. Su intervención en Les Corts sobre esta cuestión causó una gran polémica, puesto que desveló datos que permitían saber de qué trabajador se trataba y acusó de graves irregularidades a las religiosas. La Justicia absolvió al monitor y la congregación, antes incluso de esta resolución, avanzó que interpondrían cuatro demandas contra la vicepresidenta.

La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts y vicesecretaria de política social del PPCV, Elena Bastidas, ha afirmado hoy que “este nuevo varapalo judicial a Oltra demuestra su sectarismo y su falta de gestión al frente de las políticas de menores”.

ABC OLTRA

Según La Razón, para el PP esta sentencia que demuestra la “persecución y la inquina que ejerció Mónica Oltra contra el centro de menores de Segorbe”, ha recordado hoy el PP tras la información adelantada por Las Provincias. “Lo de Oltra, más que un ‘annus horribilis’, es una ‘legislatura horribilis’. Ha demostrado que se deja llevar por sus filias y fobias más que por la gestión, y eso es lo que pasó en Segorbe. Expuso en Les Corts abiertamente los datos de un monitor que luego fue exculpado y al que no ha pedido perdón. Y no tuvo en cuenta el bienestar de los menores, a los que trasladó pese a que se desaconsejaba”. Parece ser que en ese caso la vicepresidenta sí que estaba informada, al contrario que -según declaró ella misma- en el de los abusos a 175 menores en la comumidad valenciana, en el que dijo la vicepresidenta valenciana "pequé de ingenua", dice que desconocía lo que ocurría y alude a la falta de mecanismos de control, que según ella ahora sí existen.  

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha indicado que, aunque todavía no se le ha notificado la sentencia, se trata de un “tema jurídico muy técnico” y “meramente procedimental”. A falta de conocer los detalles de la misma, ha dicho que se trata de cosas que “pueden pasar porque la otra parte tiene que dar una documentación o porque se necesita algún informe complementario que aún no está, y entonces lo que se hace es suspender el plazo de caducidad”.

Este el segundo sobresalto judicial que recibe la Conselleria de Políticas Sociales, que dirige Oltra, en esta semana. El pasado marte el juez de Instrucción 15 de Valencia citó a declarar a varios altos cargos del departamento de la Generalitat por la gestión y la asistencia ofrecida a la menor que denunció los abusos del condenado.

Recordemos que Oltra quitó importancia a esta citación y aseguró que los funcionarios cumplieron con su trabajo, además de asegurar que todo se debe a una “cacería” orquestada por la extrema derecha.