Hasta ahora, el ministro masoncete del Gobierno Sánchez, Ángel Víctor Torres, aseguraba que los benedictinos del Valle de los Caídos saben que se tienen que ir a "queremos que se vaya. Esto tiene que ser un centro laico". 

Y todo esto no ocurriría si la Iglesia española se planteara, de una santa vez, dar la batalla. Armas tiene, son los acuerdos entre Iglesia y Estado que permiten que sólo la Iglesia pueda desacralizar determinados edificios dedicados al culto.

Y también ayudaría que Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, declarara Cuelgamuros como Bien de Interés Cultural (BIC). Al parecer, no se atreve.

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Por cierto, lo que oculta Torres es que el Estado debe a los benedictinos más de dos millones de euros. Al parecer quiere matarles de hambre, pero ellos se las están arreglando para sobrevivir de limosnas al tiempo que cumplen sus obligaciones. Por ejemplo, con la hospedería y la escolanía. 

Naturalmente, lo que se pretende, al final de todo, es derribar la cruz de Cristo más alta del mundo, borrar cualquier vestigio de cristianismo en Cuelgamuros.

Como buen masoncete.